ARTÍCULOS

¿Justicia penal universal?

Jorge Enrique Benavides López^*

^* Abogado, Universidad Nacional de Colombia. Profesor, Universidad de Medellín. Autor de los libros: Mercadeo para Exportaciones, Lecciones de Derecho Internacional y Nociones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Juez 7o Civil Municipal de Medellín.

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores decidieron juzgar a quienes habían organizado la hecatombe que le costó al Mundo cincuenta y cinco millones de muertos, destrucción gigantesca y un número similar de heridos en combate y víctimas civiles.

Se llegó a la conclusión (de simple sentido común), que los Estados son unas simples abstracciones jurídicas, entelequias abstractas, en tanto que quienes habían desencadenado la guerra eran personas naturales concretas que, en gran parte, habían sido capturadas por los vencedores.

Por iniciativa de los Estados Unidos de América, se impulsó la idea, que después se puso en práctica, de la creación de un Tribunal Penal Internacional con sede en la ciudad alemana de Nuremberg y otro situado en Tokio.

Las normas por cuya transgresión se juzgó a los criminales de guerra nazis, simplemente, no existían. Se violó así el sagrado principio del Derecho penal de nullum crimen sine lege, según el cual está vetado condenar a nadie sin que exista una ley prohibitiva vigente antes del juicio. Pero la Humanidad estaba justamente ofendida por la conducta de un puñado de criminales cuya vesanía y falta de respeto por los Derechos Humanos era flagrante.

Por los demás, el pecado de haber infringido este principio fundamental del Derecho Penal, fue pasado por alto, habida cuenta de que los criminales de guerra nazis en su práctica no habían tenido en cuenta ningún miramiento con sus víctimas.

No podía hablarse tampoco de neutralidad, porque fueron los vencedores quienes juzgaron a los vencidos.

A pesar de estas falencias, los Tribunales funcionaron correctamente y dictaron fallos justos.

El más importante resultado de su gestión, fue el de dar inicio a la universalización de la justicia penal.

Tomó carta de ciudadanía el llamado delito de lesa Humanidad. Este vocablo es de origen latino (lesa viene de laedere, que significa lesionar), y al decirse que es la Humanidad la afectada, significa, ni más ni menos, que la infracción penal adquirió dimensión Universal, entendiéndose por tal, que se trata de crímenes que no pueden ser amnistiados, que son imprescriptibles y que, además, son de jurisdicción universal, lo que significa que pueden ser castigados en cualquier lugar del Mundo.

Además, se prescindió de la nomenclatura italiana que clasificaba las infracciones penales en delitos y contravenciones, delitos y crímenes. Quiere decir lo anterior, que los crímenes se encuentran en la cúspide de la violación al Derecho Penal.

Se dijo que hay crímenes contra la paz, de guerra (o mejor: contra el Derecho Humanitario) y los de lesa humanidad.

Tales fueron las conclusiones de los famosos Tribunales.

La humanidad parecía haber renegado de los métodos violentos, escarmentada como aparentó, de las resultas de la Guerra Mundial y se propuso, con alguna sinceridad, evitar la incursión en la barbarie que por dos veces en el siglo XX, asoló al Mundo.

Para evitar la confrontación, fue creada la Organización de las Naciones Unidas, entidad que elaboró una Carta Universal de los Derechos Humanos. Además, se dotó al Consejo Permanente de Seguridad, de algunos medios coercitivos.

Pese a estas buenas intenciones y a las loables iniciativas que acabamos de mencionar, no se logró, por desgracia, evitar la guerra ni la brutalidad de las dictaduras.

Por el contrario: los conflictos de Corea, inicialmente y del Vietnam después, así como la masacre del pueblo camboyano que le costó la vida a dos millones de personas, mostraron lo endeble que es la comunidad internacional y lo inexistente del castigo frente a semejantes atrocidades.

Lo que colmó la copa fueron los casos de Bosnia y de Kosovo, así como los de Ruanda y Burundi.

En los países mencionados, se produjeron atroces genocidios tan prolongados en el tiempo, que indujeron a la comunidad internacional, representada por las Naciones Unidas de la OTAN, a tomar medidas drásticas.

Fue así como se crearon los Tribunales ad-hoc para crímenes de guerra y de lesa Humanidad cometidos en la antigua Yugoslavia. Este Tribunal tiene su sede en Holanda (La Haya), mientras que el de Ruanda se ubica en Tanzania. Ambos han desplegado su labor con discretos resultados.

El más curioso de tales Tribunales ad-hoc es el que se encuentra en funciones con respecto a los terroristas libios. Recordemos que Libia está gobernada por el Coronel Gadafi, enemigo acérrimo de los Estados Unidos, que gobierna un país riquísimo en petróleo y del que dependen energéticamente países como Italia.

Hace algunos años, un avión comercial norteamericano fue dinamitado en pleno vuelo sobre Lockerby, localidad de Escocia, siniestro que cobró muchas vidas inocentes. De inmediato, los Estados Unidos culparon a Libia, señalándola como causante del desastre y con la arrogancia que les es característica, le exigieron a Libia la entrega de los terroristas para juzgarlos en los Estados Unidos. Libia, jurídicamente no tenía obligación de entregar a sus ciudadanos porque entre estos dos países no existe tratado de extradición, y mal se podía juzgar a los libios en los Estados Unidos cuando el crimen había ocurrido en Escocia.

De todas maneras y en forma por demás exagerada y cruel, los países occidentales castigaron al pueblo libio con sanciones muy severas de tipo económico, tales como vetar por completo los aeropuertos libios a cualquier aeronave extranjera así fuera comercial y no permitir tampoco el aterrizaje de aviones libios en ningún país del Mundo.

Durante ocho largos años soportaron los norte africanos este exagerado castigo hasta que, finalmente, y a través de la ONU, se acordó la creación de un Tribunal con sede en La Haya (Holanda), donde jueces escoceses y según las leyes también escocesas, están juzgando a los terroristas de origen libio en tierras que no son ni de los jueces ni de los sindicados. Muy curiosa solución sin antecedentes, la cual sirvió de pretexto para salvar el honor de Libia y al mismo tiempo, levantarle el bloqueo y seguir negociando con ella como si nada hubiera ocurrido.

Muy recientemente, en Roma, más de cien Estados, bajo la égida de la ONU, firmaron el Tratado creador del Tribunal Penal Internacional, al cual, de inmediato, se le detectaron serias limitaciones.

La primera es que los Estados Unidos decidió marginarse de su aprobación, con lo cual, el nuevo ente nace parapléjico. Otro de los aspectos graves, es que los procesos no tienen carácter retroactivo, con lo cual, quedarían impunes en la práctica la totalidad de los eventos que a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte, han pululado por doquier.

Y la tercera de las falencias es que el Tribunal, si alguna vez existe, será apenas una dependencia del Consejo de Seguridad, ente altamente politizado que, a no dudarlo, se inmiscuirá en su modus operandi con lo cual, la efectividad se encontrará muy limitada. La comunidad Internacional se asemeja al cazador que al matar al tigre, se asusta con el cuero, como se dice jocosamente. Apenas seis países, de los sesenta que se necesitan, ratificaron el Tribunal, lo que nos llena de pesimismo sobre su propia existencia.

Por lo anteriormente explicado, fue que el ''Caso Pinochet'' constituyó un hito en el Derecho Penal Internacional.

Recordemos que el tirano chileno encabezó una sangrienta dictadura que duró diecisiete años, durante la cual fueron detenidas 200.000 personas, torturadas 50.000, exiliadas 100.000 y asesinadas 5000. Como si eso fuera poco, el ogro chileno exportó la represión y mandó ejecutar suizos, belgas, norteamericanos, españoles (estos últimos en número de 30) y británicos.

Por ello, cuando el anciano general se dirigió a Londres para hacerse operar una hernia fiscal, fue aprehendido por orden de la judicatura española que solicitó su extradición a Gran Bretaña. Ocurre que los españoles y los chilenos tiene acordada la doble nacionalidad, es decir, mientras un español se encuentre en Chile, es chileno reside en España, es español para cualquier evento.

Por ello Joan Garcés, ex-asesor de Allende, denunció penalmente en España a Pinochet. Cuando se hizo efectiva la orden de captura con fines de extradición, la judicatura española se reconoció a sí misma como competente para conocer de los delitos de lesa humanidad, y otros que, como lo recordamos, son considerados como imprescriptibles y de jurisdicción universal. El intenso debate que duró 503 días, culminó en el acuerdo entre Gran Bretaña, España y Chile en devolver al tirano a su patria pero para juzgarlo allí.

En vista de la competencia de la cual se dotó la judicatura española, se comenzó, por parte de ella, a procesar a los dictadores argentinos y a los guatemaltecos. Existe ya un proyecto de hacerlo con los colombianos.

De esta manera, España suple la ausencia de Tribunal Penal Internacional y su postura (controvertida, por lo demás), servirá, a no dudarlo, para procesar no sólo por parte de la Madre Patria a los genocidas, así sean ellos extranjeros, sino que alienta en ese mismo camino al resto de países del Mundo.

De lo brevemente expresado, se impone una conclusión bifronte: de un lado, es preciso reconocer que los procesos de justicia interna desatados para castigar al tirano no habrían sido posibles sin el concurso de ''las potencias'', pero, del otro, la opinión internacional no puede desconocer que los dictadores criollos sin el beneplácito, sin el apoyo y sin el concurso, casi siempre encubierto, de potencias extranativas, no podrían implantar sus regímenes especializados en cometer delitos de lesa humanidad