Vol 8, No 15 (2009)

La globalización es un fenómeno mundial innegable y multifacético, que se ha consolidado en el mundo principalmente a partir de la década de los años 80. Este proceso globalizador impacta todos los aspectos de la vida del ser humano, tanto en lo colectivo como en lo individual. Su impronta se refleja, también, en todos los ámbitos de la vida social, política y económica, y penetra en los Estados básicamente por dos vías: la primera, denominada natural, se
da como consecuencia de las relaciones y re-configuraciones mundiales esencialmente las jalonadas por el desarrollo tecnológico y científico, y la segunda se sostiene en el ejercicio del poder real que las potencias ejercen sobre los Estados de la periferia y se afianza por la vía de la imposición. Los efectos de
la globalización también recaen en el mundo del derecho que se convierte en el medio idóneo para su implementación y afianzamiento, y para ello se modifican los paradigmas y sistemas. Para que el proceso cumpla su ciclo, también
se deben modificar los campos de formación de los juristas con el fin de que puedan dar respuesta a los nuevos problemas.

Teniendo en cuenta su naturaleza jurídica, sus principios reguladores, los requisitos que debe observar para su materialización, y los efectos que produce, ¿se puede considerar la notificación de los actos de la Administración Pública como un procedimiento administrativo o como una condición de eficacia de
los actos administrativos?

Esta situación, por ejemplo, es problemática en el derecho administrativo peruano, debido la falta de mención en la Ley de Procedimientos Administrativos de la naturaleza y efectos de la notificación. Por ello, el objetivo del presente artículo es responder a la pregunta anteriormente planteada y demostrar, a la luz de la doctrina, que la notificación es una condición de eficacia de los actos administrativos y que la falta de la misma genera el no nacimiento de sus efectos jurídicos sobre los administrados.

El presente texto trata de reflejar la necesidad de estructurar una ciencia jurídica procesal que garantice la aplicación de los derechos fundamentales a lo largo del proceso y, en especial, en la sentencia, como el acto procesal más relevante. La necesidad de un discurso práctico racional se hace evidente en un Estado social de derecho, en el cual se protegen los derechos fundamentales de la persona y se le exige al juez una actividad judicial que supere la simple aplicación normativa en busca de administrar justicia.