Volumen 13, Número 26 (2014)

El manejo de información sobre Violencia Basada en Género -VBG- en el marco de los conflictos armados, es un imperativo que encuentra sus orígenes en el trabajo constante del movimiento feminista desde la década del 70, que a su vez se tradujo en un cuerpo normativo que incluye exigencias sobre el seguimiento sistemático de la VBG como una de las consecuencias humanitarias del conflicto armado. No obstante, su puesta en marcha representa una serie de retos derivados, por un lado de las limitaciones en el rastreo del problema, y por otro, en el tratamiento de las fases de procesamiento y reporte de información, los cuales han sido evidenciados por el escaso constructo teórico existente alrededor del tema. La investigación de la cual deriva este texto analiza estos retos para el caso de algunas iniciativas en materia de manejo de información sobre consecuencias humanitarias y VBG existentes en Colombia, y en particular en Medellín, con el fin de dar claves para su potenciación y orientar ejercicios futuros a partir de la solución a los obstáculos presentes en los procesos actuales.

 En la teoría jurídica actual el ámbito constitucional es la plataforma para la garantía de los derechos y las libertades; sin embargo, la Constitución mexicana prevé supuestos que son excluyentes entre sí. Esta circunstancia implica prescribir en el nivel constitucional un derecho y, a su vez, un no derecho, lo que por consecuencia crea un sincretismo metodológico. Este texto, además de denunciar tal contradicción, defiende la premisa de que la Constitución requiere de coherencia interna. Dicha idea toma como base el principio de igualdad y la interpretación judicial, para adecuar la coherencia teórica y normativa de la carta constitucional.

En este texto se analiza la definición jurídica del fenómeno metropolitano en seis Estados de la república mexicana. Se estudian seis legislaciones estatales creadas expresamente para atender y darle forma jurídica a un problema que se ha acentuado con mayor fuerza en México, el cual desde el punto de vista de las instancias gubernamentales tiene mayor relevancia en los últimos veinte años. De este modo, el documento esboza el fenómeno metropolitano como contexto social. Luego traza los mecanismos constitucionales contemplados para gestionar y gobernar las zonas metropolitanos para, finalmente, exponer los casos estatales que ante la ausencia de un marco legal nacional, y desde la lógica del sistema federal, intentan sentar bases jurídicas para resolver este problema.

El objetivo general del presente trabajo es establecer, de forma general, el tratamiento y aplicación que se le ha dado al principio del abuso del derecho por parte de la jurisprudencia colombiana. Ello con el fin de comprender, qué son los principios generales del derecho y cómo estos se han materializado en la realidad jurídica colombiana en diversas situaciones, como ocurre con los embargos excesivos, en los denuncios penales, en el ejercicio del derecho de acción, en la tutela, en la acción pública de inconstitucionalidad, en los estados de emergencia y en las relaciones contractuales.

Al igual que en el plano tradicional o físico, en la actualidad, en el mundo virtual se efectúan numerosas transacciones contractuales. Es muy posible que en el futuro la forma habitual de contratación sea la digital, siendo minoritaria la que ostente carácter presencial. Para incentivar el comercio electrónico, el legislador fomenta que, con base en la autonomía privada, los agentes, que en este escenario interactúan, aprueben ciertas figuras con tal fin, entre ellas, los denominados sellos de confianza. Ahora bien, en el derecho español, muchos de los documentos en los que estos logotipos se fundamentan son menos garantistas que la propia normativa legal. Puede considerarse, en este sentido, que representan una práctica comercial desleal.

En el presente texto se pretende hacer una evaluación de los aspectos positivos y negativos de los principales cambios experimentados por el ordenamiento jurídico cubano en materia de interpretación contractual. A tales fines se realiza un estudio de los textos legales que contienen normas sobre el tema en cuestión, dedicando especial atención a las últimas normas puestas en vigor.

El Código Civil brasilero de 2002 constituye la más reciente codificación de derecho privado en Latinoamérica, siendo su sentido social su característica principal y distintiva, en contraposición al sentido individualista que informaba el Código de 1916. Ello ha dado lugar a que en materia de contratos y obligaciones prevalezcan los denominados principios sociales: la función social del contrato, la buena fe objetiva y el equilibrio contractual. El presente trabajo tiene el propósito de analizar tales principios, para luego exponer como ellos se reflejan en los principales casos de revisión judicial del contrato.

El ámbito del transporte marítimo fue muy importante en la antigua Roma. La “civitas” necesitaba proveerse de productos que venían de todo el mar Mediterráneo usando el transporte por mar. Las instituciones jurídicas romanas utilizaron costumbres creadas por otros pueblos expertos en navegación. En el derecho romano, el contrato denominado “locatio-conductio” se usó para regular el transporte marítimo. Algunos de estos contratos se usaron en el comercio y tienen un estrecho vínculo con los actuales contratos de transporte marítimo de mercancías tanto del Common Law como del derecho continental europeo. Adicionalmente a la responsabilidad que surge de la aplicación de estos contratos, el derecho romano estableció una responsabilidad basada en la recepción de las mercancías llamada responsabilidad ex-recepto. Las soluciones jurídicas del Mediterráneo antiguo constituyeron una base sólida para construir el derecho romano. Las reglas marítimas del derecho romano explican algunas instituciones legales vigentes en materia de transporte marítimo y están aún vigentes a través de nuestro derecho.

El objetivo de la Clínica Jurídica es formar en competencias profesionales a los estudiantes de derecho y de otras disciplinas, tal como fue nuestra experiencia con las compañeras de ingeniería ambiental, quienes nos apoyaron y guiaron con sus conocimientos en el estudio y práctica de la consulta previa. Nosotros vivimos efectivamente el objetivo de las clínicas jurídicas de exponer a sus estu­diantes a situaciones reales para que apliquen lo teórico aprendido, pero también para que sean capaces de cuestionar lo ya aprendido. El reto está en asumir ese nuevo conocimiento e identificar la mejor manera de ayudar a nuestras comunidades.