Volúmen 21, Número 44 (2022): enero-junio

El presente texto pretende proponer una nueva teoría dentro de la doctrina moderna jurídico-penal en torno a las formas de realización del tipo. Se busca demostrar —mediante el análisis estructural de la iusfilosofía y los preceptos de la imputación objetiva— que hay una tercera forma de realizar el tipo penal, aparte de la acción y la omisión. Haciendo hincapié en la metodología, la investigación se esbozó teóricamente a través del empleo del paradigma hermenéutico y tomó como punto de inicio el estudio iusfilosófico e historiológico del tema. Se busca sentar las bases para que emerja esta nueva teoría, pues lo importante es hacer desarrollo doctrinal del tema en cuestión, que es la interrupción de los cursos causales salvadores. En este sentido, la metodología anteriormente señalada arrojó un resultado de nuevo conocimiento en la materia.

El presente artículo se encarga de estudiar el cambio paradigmático que propone la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SC-13925 (2016), ya que desecha el nexo causal como criterio de imputación del daño y propone una sustitución por la imputación normativa. Así, la Corte recoge el criterio antes mencionado y lo utiliza en la Sentencia S-C002 (2018) como elemento de imputación. De esta manera, se constituye la base de la reestructuración de la responsabilidad civil. Las ideas centrales de este texto giran en torno a tres aspectos. El primero estudia la estructura clásica de la responsabilidad civil. El segundo reconoce la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto del nuevo elemento introducido en las sentencias objeto de estudio. Por último, se realiza una explicación a la reestructuración de la responsabilidad civil. Para la consecución de los objetivos se encontró, mediante el análisis documental y jurisprudencial, que existe contraposición doctrinal respecto de la causalidad como criterio de imputación. Además, se pudo concluir que, debido a las falencias de la causalidad, es imperativo reestructurar la responsabilidad civil.

Este artículo aborda la configuración de la sociedad de riesgo globalizada y sus efectos en el orden jurídico criminal de Brasil. El aumento de pautas de seguridad, incluso con la mitigación de los derechos humanos fundamentales, se problematiza a fin de reflejar el sistema penitenciario y el surgimiento del monitoreo electrónico como condición de posibilidad para reducir el encarcelamiento masiva en el país. El problema que guía la investigación se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿en qué medida el monitoreo electrónico contribuye efectivamente a reducir el número de personas encarceladas en Brasil? El método de investigación utilizado es hipotético-deductivo, con técnica de investigación bibliográfica y análisis documental. Como resultado, la investigación encuentra que el uso del monitoreo electrónico, como lo demuestran las estadísticas del diagnóstico de la política de monitoreo electrónico en Brasil, representa una medida importante para minimizar los efectos del encarcelamiento masivo en el sistema penitenciario nacional.

Este artículo tiene por objeto analizar la colisión que existe entre el derecho a la protesta por parte de las personas privadas de la libertad y la limitación en su ejercicio a través de las acciones emprendidas desde las autoridades penitenciarias, que están en la posición de garante por parte del Estado hacia las personas privadas de la libertad, de forma que se propone caracterizar, desde el modelo constitucional de derechos fundamentales, las dos dimensiones, una subjetiva y otra objetiva a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español desde la perspectiva de su protección en la titularidad, esto es, derechos con titular, sin titular y a pesar del titular; los derechos a pesar del titular son la categoría propuesta para ahondar, en tanto esta se articula con la dimensión objetiva y subjetiva de derechos que se aplican en el caso concreto de las personas privadas de la libertad que se someten a huelgas de hambre, pero son obligadas por el Estado a alimentarse a fin de evitar la inanición. Se concluye que la limitación en la titularidad de los derechos fundamentales hacia las personas privadas de la libertad incide directamente en el condicionamiento de su goce efectivo; cabe destacar que esta tesis jurisprudencial ha sido asumida por parte de tribunales constitucionales; asimismo es el caso colombiano en la posición de garante como mecanismo que faculta al Estado para interrumpir la huelga de hambre de los privados de la libertad cuando su vida se encuentre en inminente riesgo.

Este artículo pretende dar cuenta del estatus de derecho fundamental que posee la salud mental, sus principales posiciones jurídicas y las garantías jurisdiccionales reforzadas con que cuenta. Para ello, se toma como referencia las constituciones de muchos de los países de América Latina. Se realizó una investigación bibliográfica que consistió en la recopilación de información, creación de fichas, sistematización de la información y elaboración de conclusiones. Luego de efectuarla, ha sido posible afirmar que la salud mental sí es un derecho fundamental. A él se le pueden adscribir posiciones jurídicas de defensa y prestacionales, y cuenta con garantías como el amparo y el habeas corpus correctivo. Básicamente se ha concluido que su carácter fundamental se sustenta en su reconocimiento en los textos constitucionales y en su ligamen con la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. Además, admite modos de ejercicio que imponen obligaciones que, de no cumplirse, pueden exigirse en sede constitucional.

El presente trabajo tiene por finalidad aportar una mirada contingente, crítica y práctica frente al procedimiento proteccional de niños, niñas y adolescentes vigente en Chile. Este propósito se llevará a cabo con un especial enfoque en la situación de emergencia sanitaria global, producto del COVID-19, que ha conllevado la adopción de una serie de medidas estatales para el pretendido resguardo de la vida y la salud de las personas, entre las cuales se encuentran las restricciones a la libertad de circulación y la suspensión de todo tipo de actividad presencial. De este modo, los tribunales de familia y las instituciones que forman parte de la oferta programática existente para el abordaje de las distintas áreas de atención a niños, niñas y adolescentes, han debido modificar su funcionamiento y ajustar su actuar conforme a la evolución de la pandemia. Para la elaboración de este artículo se realizó una investigación de carácter cualitativo con un enfoque hermenéutico de tipo documental. Como resultado de nuestra investigación constatamos que, si bien el sistema público de protección a la infancia y la adolescencia ha tratado de adaptar sus procedimientos, metodologías de intervención, procederes, seguimientos y supervisiones a las nuevas condiciones impuestas por la situación de alarma sanitaria, no se vislumbra una actuación uniforme, homogénea y claramente coordinada. Lo anterior nos lleva a concluir que más allá de las normas, actas, instrucciones y protocolos de intervención que se han ido suscitando para dar respuesta a la mentada coyuntura pandémica, los niños y los adolescentes —especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad— no han sido visibilizados, atendidos y tomados en consideración de la manera más adecuada posible.

El objetivo de este escrito es presentar los resultados finales de una investigación que analizó los usos y efectos del contrato sindical en Colombia entre los años 2010 y 2019. Para obtener estos resultados se combinó la investigación documental con el análisis del uso del contrato sindical en la Sociedad De Comercialización Internacional Girdle y Lingerie S. A. S. (Leonisa) y se contrastó con el análisis del uso de esta figura en el sector salud y el análisis de las bases de datos facilitadas por el Ministerio del Trabajo y la Escuela Nacional Sindical. Para realizar estos contrastes se usó el método cuantitativo. Como trabajo empírico se realizaron dos grupos focales con trabajadores de Leonisa1 y ocho entrevistas semiestructuradas a dirigentes sindicales y trabajadores del sector salud. Los resultados de la investigación revelan que el sector más afectado con el contrato sindical es el sector público de la salud, debido a su uso masivo en los últimos nueve años, y que este tipo de contrato hace presencia, aunque en menor medida, en otros sectores económicos como el textil. Como conclusión preliminar, se afirma que los únicos que obtiene un beneficio del uso creciente del contrato sindical en Colombia son los empleadores y los dirigentes sindicales. Por un lado, los primeros lo utilizan como estrategia empresarial para enganchar mano de obra barata y precarizada con el propósito de ahorrar costos laborales. Y, por otro lado, los segundos son funcionales a la estrategia que usan los empleadores a cambio de beneficios particulares.

El presente artículo se propone determinar los efectos jurídicos que producen los actos de una organización sindical constituida u operando sin el cumplimiento de las estipulaciones legales. La metodología de esta investigación es hermenéutico-documental, dado que se desarrolló a través de rastreos bibliográficos, recopilación de literatura sobre el derecho fundamental de asociación sindical y análisis e interpretación de legislación y jurisprudencia regulatoria de la materia, de acuerdo a las necesidades específicas del análisis que aquí se aborda. Como conclusión principal, los actos ejecutados por una asociación sindical que contraríen o extralimiten los términos legales establecidos no producen efecto jurídico alguno, en atención a que la legislación laboral está definida como normatividad de orden público y no produce efecto alguno aquella disposición o actuación que las desconozca, sin que para ello se requiera declaración judicial.

El presente artículo presenta como objetivo principal fundamentar que la explicación forense o criminalística del testimonio será la que corrobore el testimonio, perfeccione el cuadro fáctico en el marco del proceso penal y permita afirmar o descartar la infracción de un deber jurídico-penal que a su vez actualiza un determinado tipo penal, así como la afectación de un bien jurídico legalmente protegido. La metodología utilizada en esa inteligencia fue seleccionar un determinado marco normativo, como es la legislación peruana, y estudiar un conjunto de resoluciones judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia del Perú. Esto se hizo para identificar lo que normativamente se exige para afirmar que se tiene una declaración corroborada y los problemas que los operadores encuentran para lograr tal cometido. En ese contexto, de los resultados obtenidos se formuló como conclusión principal que el testimonio ocupa ser corroborado por las evidencias técnicas y científicas obtenidas por los criminalistas y forenses, incluyendo los psicólogos, en razón al experto procesamiento de los indicios obtenidos. De esta manera, hemos denominado a dicho modelo criminalística del testimonio, el cual se contrapone con la psicología del testimonio, conforme lo explicado en el presente estudio.

Este artículo plantea de manera sistemática y coherente los principales aspectos que se deben tener en cuenta cuando se hace referencia a una precisa categoría de resarcimiento de daños, como lo es la reparación por equivalente, vale decir, la indemnización de perjuicios compensatorios y moratorios; categoría que es omnicomprensiva de todos los posibles perjuicios patrimoniales que se pueden reclamar dentro de los procesos por incumplimientos contractuales. En esa línea de pensamiento, se establece la relación lógica existente entre estas categorías indemnizatorias con los tipos de incumplimientos que se pueden dar en materia contractual, y su conexión con instituciones propias del derecho de daños como el daño emergente y el lucro cesante.