Volumen 15, Número 30 (2016)

El autor hace un análisis descriptivo desde la perspectiva histórica de los sistemas denominados clásicos de control de constitucionalidad de las leyes, norteamericano y europeo, abordando sus principales características e implicancias en cada región, para luego estudiar las particularidades de cada modelo, señalando las herramientas que a juicio del autor constituyen elementos integradores de los nuevos modelos de control de constitucionalidad.

Pasados veinticinco años, pervive la falta de legitimidad en la Administración de Justicia, lo que exige indagar por las razones y proponer soluciones. Una de ellas es el artículo 230, cuyo texto parece evocar el razonamiento jurídico del siglo XIX. La enunciación de principios como criterios auxiliares parece oponerse a un razonamiento jurídico que reivindica su prevalencia sobre las restantes normas del ordenamiento. De allí el temor al prevaricato en los operadores jurisdiccionales al momento de su aplicación. Esa interpretación está alimentada por el sentido otorgado a la expresión “principios generales del derecho” como normas que están por fuera del ordenamiento jurídico, realizada en la sentencia C-083 de 1995. Por ello, es necesario abordar su estudio a partir de tres aspectos: los cambios en el razonamiento jurídico exigidos por el Estado social de derecho colombiano, el análisis de las fuentes bibliográficas empleadas en la sentencia y su coherencia con otras normas del ordenamiento. El principal hallazgo es la necesidad de una reinterpretación del artículo 230 a la luz de la naturaleza y funciones de los principios en el Estado social de derecho colombiano.

El autor llama la atención sobre algunos elementos de derecho internacional acogidos en la codificación procesal penal mexicana. Presenta la temática relacionada con la competencia judicial internacional, el orden jurídico regulador de los problemas de tráfico jurídico internacional, la cooperación internacional en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, incluido el reconocimiento de decisiones extranjeras, la extradición, así como la asistencia consular.

Colombia se ha convertido en los últimos años en un país de tránsito
para los flujos mixtos de migrantes. Estas dinámicas globales son consecuencia de las necesidades de los individuos de huir de sus países, debido a conflictos internos, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, persecución de Estado, catástrofes naturales o simplemente la esperanza de mejorar sus condiciones socioeconómicas. Esto ha causado que los migrantes deban acudir a redes internacionales de tráfico de personas cuando no pueden migrar legalmente, porque no cumplen con los requisitos de visado.

Este artículo buscará promover el debate sobre estos asuntos de política pública internacional, a través de la presentación de un diagnóstico sobre la situación actual de los flujos mixtos de migrantes, el tráfico de personas y la efectiva protección a sus derechos humanos, desde el enfoque del derecho internacional de los refugiados.

Este artículo controvierte la tesis generalizada sobre el origen del derecho laboral en Colombia, que lo explica como una concesión del presidente Alfonso López al movimiento obrero por su apoyo durante el intento de golpe de 1944. Mediante un análisis histórico basado en la revisión de fuentes primarias, se argumenta que desde comienzos de la década de 1930 existieron diversas corrientes académicas y políticas que proponían desarrollar esta rama del derecho. Se profundiza en la apropiación crítica de teorías jurídicas transnacionales por los socialistas locales para poner en cuestión la supuesta insularidad y aislamiento intelectuales de la academia en Colombia y de este grupo en particular. Se concluye que el derecho laboral, entendido como derecho social por los socialistas, se nutrió de, al menos, cuatro fuentes: las corrientes antiformalistas, el materialismo dialectico y su expresión en el derecho soviético, el constitucionalismo social francés y el laboralismo inglés.

En este escrito, resultado de la referida investigación, se presenta, desde una perspectiva diferente, el tratamiento de la conciliación como un proceso autocompositivo de resolución de conflictos, soportado su espíritu en el marco de sus fundamentos teóricos y el poder transformador de dicho mecanismo y no meramente desde el valor de simple instrumento de descongestión de despachos judiciales de que fuera dotado por el legislador. De este potencial, según los hallazgos de la investigación, también se dará cuenta desde las experiencias de los usuarios y conciliadores del Centro de Conciliación objeto de la misma.

La relevancia del tema abordado se basa en el conocimiento del régimen jurídico sobre la protección de la materia biológica vegetal y las variedades vegetales, dada su relevancia e implementación práctica en el campo de la innovación agroalimentaria y del comercio internacional. En primer lugar, se aporta claridad científica a los conceptos y definiciones legales acerca de las variedades y obtenciones vegetales y los organismos transgénicos. Seguidamente, partiendo del Derecho internacional convencional (Tratados), se examinan diversos modelos jurídicos para la protección legal de nuevas variedades y de material vegetal (Unión Europea/España, con especial énfasis en Brasil). Se estudian también las sincronías y desajustes entre los dos posibles sistemas jurídicos de protección: título de obtención vegetal y patente de invención. Finalmente se analiza el desarrollo a nivel mundial de las solicitudes y títulos sobre obtenciones vegetales.

La habitualidad se configuraba como el elemento esencial del delito de maltrato habitual (artículo 173.3 CP). Pese a ello, no se contiene, en el Código Penal español, una definición de lo que ha de entenderse por habitualidad. El legislador se ha limitado a fijar los criterios que deben ser tomados en consideración por el órgano judicial para apreciar su concurrencia. Pues bien, la finalidad de este artículo es el análisis de esos criterios a efectos de aportar los elementos materiales con los que dar contenido a cada uno de ellos. Para ello hemos tomado en consideración no solo las opiniones doctrinales y la jurisprudencia existente al respecto, sino también los datos extraídos de los expedientes de la Fiscalía de Santiago de Compostela (Galicia, España), relativos a asuntos sobre violencia de género y que concluyeron con sentencia firme, por delito de maltrato habitual, durante los años 2005 a 2012.

La Constitución Política considera el trabajo como un derecho fundamental dentro de la categoría de derecho social y económico, bajo los principios de igualdad, libertad y dignidad humana, y es el Estado el encargado de garantizar este derecho por medio del Sistema de Seguridad Social Integral que es un derecho irrenunciable para toda la población colombiana, en especial para el trabajador. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– (DANE, 2015), en su informe de empleo del trimestre noviembre 2014-enero 2015, en 23 ciudades y áreas metropolitanas, determina que el 49.3% de la población laboral está en el sector informal.El objetivo del presente trabajo es poder establecer si para el trabajador del sector informal, principalmente el trabajador por subsistencia, existen elementos jurídicos desde la Constitución, la jurisprudencia y dentro de la legislación del Sistema General de Seguridad Social, para ingresar al Sistema de Riesgos Laborales.

El texto se propone brindar aportes argumentativos para la construcción de una teoría jurídica de los derechos para los animales, basada en una perspectiva abolicionista (con poca presencia en los debates nacionales) de las luchas animalistas que propugna por la eliminación de la institución jurídica social de la propiedad sobre los animales en todas las esferas de las actividades humanas. Para ello se exponen sus propuestas básicas y se bosqueja un panorama de las evidencias etológicas que soportan esta propuesta de filosofía moral y la concreción jurídica que aquí se construye. De igual forma, el texto plantea la necesidad de generar cambios morales y sociales como presupuesto de las transformaciones jurídicas.

Las relaciones laborales se caracterizan por la subordinación, potestad que debe ejercerse dentro de unos límites determinados por la Constitución, la Ley y el Reglamento Interno de Trabajo, cuyo objetivo es impedir el uso arbitrario y abusivo de esta facultad, en este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que incluso los entes privados deben respetar el debido proceso y los principios que lo conforman al adelantar una investigación disciplinaria; por lo anterior, se busca elaborar una herramienta explicativa de cómo aplicar los principios que conforman el debido proceso dentro del Procedimiento Disciplinario Empresarial, describiendo las etapas que se deben cumplir para no vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores que se ven involucrados en el desarrollo de una investigación disciplinaria, indispensables para la validez de la sanción a imponer.

El presente texto se propone constatar la influencia del pensamiento de Emmanuel Mounier en la Constitución colombiana de 1991 y en el contexto que propició esa reforma constitucional. La metodología consistió en utilizar textos del autor y textos históricos que referencian el contexto vivido, en su momento, por Mounier y por Colombia en la última década antes de la Constitución de 1991. Se logró establecer que había puntos en común entre el período de 1932 a 1945 vivido por el filósofo francés y el período 1983 a 1991 vivido en Colombia. El pensamiento realista de Mounier, enfocado en la acción de la persona humana libre de cualquier idealismo o nihilismo, coincide con acciones reales de la población colombiana que hicieron cambiar los formalismos jurídicos para que se construyera un nuevo orden que, precisamente, acabara con los idealismos y nihilismos políticos y sociales del momento. Para el pensador francés, y ello se constata en la Constitución colombiana de 1991, era necesario restablecer la jerarquía moral de las necesidades de los Estados para lo cual se debían reformar las estructuras existentes, y para ello proponían una comunidad fundada en el respeto a la dignidad humana.