Volumen 16, Número 32 (2017): julio-diciembre

El escrito aborda críticamente el unidimensionalismo que ha caracterizado la regulación de la relación de trabajo que sostienen los empleados públicos con el Estado, reivindica el valor de la fuente laboral para dicho efecto y, a partir de eso, propone la relectura del sistema de fuentes en el ámbito de la función pública, intentando mostrar que la dimensión jurídica de la referida fuente no puede ser desconocida por los operadores jurídicos correspondientes.

El artículo analiza los crímenes de honor como prácticas culturales perjudiciales cuyo reconocimiento legal urge en el sistema jurídico internacional. Son el fruto de la cultura patriarcal, ligada al concepto de honor que es encarnado por la mujer y cuya preservación depende del comportamiento femenino. A pesar de constituir abusos y violación de los derechos humanos, dichas prácticas, por ser culturales, encuentran amparo y justificación en algunos sistemas legales. La debilidad de la normativa internacional en dicha materia –siendo la Cedaw el único tratado internacional universal que se refiere a las prácticas culturales nocivas–, estimula la creación de una definición amplia de los crímenes de honor.

El presente artículo tiene por objetivo analizar la política del Patrocinio Privado de Refugiados (Private Sponsorship of Refugees, en inglés), el cual se muestra como una alternativa para hacer frente a los flujos masivos de refugiados. El Patrocinio Privado de Refugiados, que nació en Canadá en la década de 1970, se basa en la participación del sector privado, no restricto a las empresas, sino también a la sociedad en general, la cual asume el patrocinio, o la responsabilidad de ayudar financieramente, a los solicitantes de refugio que desean refugiarse en el Estado de destino, concienciando a la sociedad local sobre los sufrimientos y la realidad que enfrentan los solicitantes de refugio. En este sentido, el presente artículo analizará como el Patrocinio Privado de Refugiados puede dar una respuesta rápida frente al flujo de desplazados ambientales, dado que ellos no están encajados en la definición de refugiados en el derecho internacional.

La Constitución Política de un Estado se puede definir como un acto jurídico político que establece la estructura del Estado, sus principios y fines esenciales, su modelo de Estado y de Gobierno, sus derechos constitucionales, deberes y mecanismos de defensa, entre otros, y se resume en la expresión Carta de navegación de dicho Estado. Si bien es cierto las constituciones son el texto jurídico de mayor relevancia en un sistema jurídico constitucional, las mismas deben adaptarse y ser dinámicas para responder a las necesidades del colectivo que rigen. Para ello, debe definirse el grado de rigidez en el procedimiento de reforma constitucional, que debe ser diferente al de una norma ordinaria. El presente documento estudiará las diferentes formas en que se puede reformar la Constitución Política en Colombia, tanto modificaciones formales como informales, y las alteraciones que dichas reformas o modificaciones producen en el ordenamiento jurídico, a partir del análisis tanto normativo como jurisprudencial, lo cual nos permitió establecer las diversas formas en que se puede alterar la carta original por una subsiguiente.

Se ha discutido en la jurisprudencia sobre la naturaleza jurídica de los reglamentos de ley marco, mas el debate no debe considerarse superado, mientras en razón de sus especiales características sigan existiendo argumentos que sostienen el carácter ejecutivo o legislativo de este tipo de normas. En el presente artículo se hace un análisis jurisprudencial y doctrinal de las leyes tipo marco, pero particularmente de los decretos que las desarrollan o reglamentan. Es importante analizar quién ejerce el control judicial que se hace de estos reglamentos, esto es, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, y las consecuencias que esto implica, en relación con el momento en que debe aplicarse dicho control. Finalmente, se determinan las razones por las que a dichos decretos se les debe reconocer naturaleza legislativa o, al menos, ecléctica, que requieren control judicial por parte de la Corte Constitucional. La función lege ferenda es el corte metodológico utilizado en este trabajo, en tanto deja a consideración una propuesta de cambio frente a la naturaleza jurídica de los reglamentos de leyes marco, en pro de que este sistema de delegación normativa se ajuste al marco constitucional.

El derecho comparado estudia, entre otros aspectos, la circulación de modelos entre diferentes sistemas jurídicos. Aspecto relevante en tal análisis, que aun necesita de estudios más profundizados, es la circulación de modelos entre ordenamientos jurídicos nacionales y el ordenamiento jurídico internacional, lo que puede ocurrir en ambos sentidos. El presente artículo examina un caso de circulación de modelos jurídicos entre sistemas nacionales y entre un sistema nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, desde el instituto denominado amparo, proveniente del derecho constitucional mexicano. Se plantea, así, analizar cómo aquel sistema constitucional influyó inúmeros otros sistemas jurídicos no solo en Latinoamérica, sino también en otros continentes, y cómo influyó, incluso, el derecho internacional por medio de tal instituto, dejando su huella en importantes documentos e instrumentos internacionales de protección integrantes del Sistema Global y del Sistema Regional Interamericano de protección de los derechos humanos.

Los procesos hermenéuticos son procesos comunicacionales en los que el lenguaje es la herramienta de conducción de mensajes, cuyos sentidos se redefinen constantemente. En el marco del derecho, los enunciados lingüísticos se organizan especialmente en normas jurídicas a interpretarse. La actividad hermenéutica jurídica se organiza alrededor de posibilidades argumentativas que se destinan a definir la más adecuada interpretación para la solución de problemas concretos de la vida. Sin embargo, esta definición no queda a disposición del intérprete, pues hay referencias normativas previas, cuyo contenido axiológico y teleológico se deben respetar de forma que se preserve la sistematicidad constitucional.

Este artículo de investigación tiene por objeto analizar la seguridad social para las comunidades rurales en Colombia. Por un lado, presenta una descripción sobre el acceso a la seguridad social de las comunidades rurales conformadas por indígenas, afrodescendientes y campesinos, y por otro, un análisis sobre los pronunciamientos de la Corte Constitucional en torno a la consagración de la seguridad social como un derecho fundamental, universal e integral para todos los ciudadanos; por último, se conceptualiza sobre las acciones afirmativas, que pueden dirigir la actuación del Estado, en materia de seguridad social para las comunidades rurales. Así, a partir del análisis de datos y las fuentes documentales, fue posible concluir que nuestro sistema de seguridad social no diferencia entre campo y ciudad, ya que está estructurado a partir de la condición laboral de las personas, la capacidad de pago y los aportes al sistema, sin ofrecer alternativas o diseños de aseguramiento adecuados a las condiciones socio económicas y de vida de las comunidades rurales.

Este artículo estudia el requisito de edad como condición para acceder a ciertos cargos y corporaciones públicas de elección popular en Colombia. Se plantea un recorrido por las normas constitucionales, las leyes y algunas jurisprudencias que se han producido sobre este tema. En particular, se investiga si el legislador está facultado para determinar la edad que deben ostentar los diputados del país, señalando, por ejemplo, la persistencia de interpretaciones erradas sobre las normas relativas al tema. Se evidencia, además, que en la práctica, algunas instituciones oficiales afirman públicamente que la edad mínima para acceder a la Asamblea Departamental es de 25 años, edad superior a la estipulada en la Constitución Política. El caso de los diputados es comparado con algunas controversias generadas a propósito de la edad en los concejales, lo cual permite problematizar la diversidad de perspectivas y la relatividad cultural de estos conceptos. Se concluye así que existen confusiones e irregularidades al nivel institucional sobre el requisito de edad, lo cual tiene graves consecuencias, ya que se están vulnerando los derechos políticos de los ciudadanos colombianos.

Se planteó analizar cómo la biopolítica interfiere en la concreción del derecho a la salud y maximiza el racismo ambiental en Brasil, sobretodo en la utilización del colorante caramelo IV por la industria alimenticia. Para ello, el enfoque metodológico foucaultiano se demuestra adecuado para la comprensión de las categorías biopolítica, biopoder y conflictos de poder. El uso de aditivos químicos en los alimentos industrializados es motivo de discusión en el área de salud. En Estados Unidos, los órganos gubernamentales responsables por la salud de la población tienen un control riguroso de la utilización de este colorante en los alimentos debido a los daños que pueden causar a la salud humana. En Latinoamérica, Brasil se destaca en el uso excesivo del colorante caramelo IV, donde industrias hacen su uso abusivo en los alimentos sin preocuparse con la salud de los ciudadanos y los derechos fundamentales. Esto denota otra forma de racismo ambiental que afronta a la población brasileña sin que esta tome conciencia. El poder sobre la vida de las personas se muestra en su versión maléfica y perjudicial. Los conflictos de poder, en este caso, interfieren negativamente en la protección del ciudadano e impiden la concreción del derecho a la salud, maximizando el racismo ambiental.

Se tratará de considerar si la justicia transicional es el mecanismo más eficaz para aplicar legalmente en el fin del conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas –FARC–. En ese sentido, se estudiaron varias concepciones de justicia a lo largo de la historia y cómo unas de ellas sirvieron como referente para algunos casos bélicos que fueron resueltos por tribunales internacionales. Se analizará cómo debe entenderse la justicia transicional por los interesados en la superación de un conflicto y permitir con ello el tránsito a una mejor convivencia en Colombia. Lo anterior llevó a estudiar si este término es un concepto sui géneris y autónomo de justicia, una idea de justicia que se enmarca dentro de otro concepto de lo justo o, por último, si la justicia de transición es un concepto sincrético, donde convergen varias ideas de justicia. El resultado es que la justicia transicional, en el caso colombiano, es sinónimo de alternativa evolutiva transitoria para solucionar un problema en concreto, es decir, la justicia transicional colombiana no es un mecanismo jurídico permanente, es un instrumento innovador transitorio que ayuda a evolucionar la aplicación del derecho en el sentido que sirve solo para resolver un problema como el conflicto interno armado que se vivió por más de 50 años entre el Estado y las FARC. Se concluye que la justicia transicional está compuesta por variedad de ideas de justicia que se complementan para hacer frente a una realidad social y proporcionan un horizonte teórico para lograr un tránsito social hacia la reconciliación.