Seguridad y justicia: el acuerdo de no persecución penal y su compatibilidad con el sistema acusatorio
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Resumen
La seguridad pública implica directamente la seguridad jurídica y la seguridad de las instituciones democráticas. Desde el reconocimiento por parte de la Corte Suprema Federal de Brasil de la constitucionalidad de las investigaciones penales que se llevan a cabo directamente por el Ministerio Público, sin la presidencia de la autoridad policial, el Consejo Nacional del Servicio de Fiscalía Pública cumplió con la determinación de regular el problema, a nivel institucional, al emitir la Resolución 181, del 7 de agosto de 2017. Además de la regulación de la investigación, la Resolución también establece en su artículo 18 el 'acuerdo de no persecución penal'.
Ante este escenario, el objetivo general del artículo es evaluar la Resolución y ese instituto. Para ello, toma como premisas la Constitución Federal brasileña, el sistema acusatorio, los principios de legalidad y la reserva legal.
Como objetivo específico, el texto pretende analizarlos desde la perspectiva del debido proceso (penal) y los derechos y garantías fundamentales del ciudadano en el Estado de Derecho Democrático brasileño. El tema que impulsa la investigación, directamente relacionado con la seguridad jurídica y la seguridad de las instituciones democráticas, es saber si al proponer una modificación del Procedimiento Penal mediante resolución, con acuerdos realizados antes de la denuncia y con contrapartes similares a la pena, la Fiscalia siguió el sistema procesal actual.
El estudio utiliza como método, predominantemente, la revisión de la literatura, y busca establecer un diálogo entre autores contemporáneos sobre el tema en cuestión.