Derecho a conocer la acusación, garantía constitucional al intérprete judicial y aplicación de programas de traducción en actos procesales

Resumen

A partir de reflexiones sobre los desafíos del uso del lenguaje como forma de comunicación en el ámbito del derecho, y las dificultades que enfrenta un individuo que responde a un proceso judicial en un idioma que no domina, este artículo analiza la función de intérprete judicial y la razón para la asistencia de un traductor, como garantía judicial inherente al Estado de derecho democrático. Una vez construidos los supuestos sobre la garantía al intérprete judicial, se debate la hipótesis de sustituir a dicho profesional por la aplicación de programas de traducción digital (software) que convierta el lenguaje de las decisiones y actos procesales. Se cuestiona la efectividad y calidad de los programas informáticos de traducción, dada la garantía de que el imputado debe comprender los actos judiciales, de conformidad con los derechos fundamentales y derechos humanos, establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La metodología utilizada corresponde a la búsqueda bibliográfica, análisis de legislación y revisión de jurisprudencia, que concluyó en la percepción de que existe una disparidad relevante entre la amplitud necesaria para implementar la garantía judicial examinada y la cuestionable efectividad de los métodos automatizados de traducción de actos procesales.