Volúmen 19, Número 40 (2020): Edición especial

La interrupción voluntaria del embarazo en Colombia ha sido reconocida en tres casos excepcionales por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Desde entonces se ha desarrollado un marco de protección que elimina los obstáculos en su ejercicio, sin embargo, aún son muchas las barreras que encuentran las mujeres para acceder a este derecho. Ahora bien, con el surgimiento de la crisis de salud pública a cuenta de la COVID-19, es pertinente hacer un diagnóstico del estado actual de este derecho. En este sentido, se  desarrolló una investigación de tipo cualitativo basada en el método hermenéutico que condujo a la  obtención de un resultado enmarcado en la aguda limitación para ejercer este derecho: en especial por parte de las mujeres que habitan en centros poblados rurales debido a la restricción de su locomoción, falta de acceso a internet y a servicios de salud idóneos, entre otros. Lo anterior permite concluir que las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica para la protección de este derecho son nulas, ya que carecen de un enfoque socio demográfico efectivo que garantice la protección de la interrupción voluntaria del embarazo en esta época.

A partir de las bases fundacionales del derecho administrativo como disciplina jurídica, se examinan dos problemáticas surgidas como consecuencia de la pandemia por la Covid 19, relacionadas con el control y la eficacia de sendas medidas adoptadas por las autoridades desde el esquema metodológico de la proporcionalidad. Se pretende demostrar que la legalidad administrativa es una construcción que depende de los sectores de referencia y de los bienes jurídicos comprometidos por la actuación estatal, y que las competencias constitucionales no son estáticas o absolutas cuando se deben enfrentar circunstancias excepcionales.

El presente artículo es un esfuerzo reflexivo en torno a las consecuencias sociales, políticas y jurídicas que pudiera arrojar la actual pandemia ocasionada por la COVID-19. En este sentido, se parte de una visión médica que conduce a explicar la epidemia a nivel global. Se plantea que a través de las medidas  neoliberales de los últimos años se ha llevado a que muchos países no se encuentren preparados para mitigar el impacto de esta crisis. Para comprender este fenómeno, el presente trabajo recurre a biopolitizar el virus, con el argumento principal de los peligros del tránsito del derecho como representación de comunidad a un enfoque privatista (inmunizado). Esto representaría la afectación de derechos fundamentales, tales como la salud. La metodología consistió en recopilar, analizar y comparar algunas de las principales posturas académicas alrededor de las posibles afectaciones causadas por la enfermedad del coronavirus, las cuales atentan contra los conceptos de Estado y del derecho. En conclusión, la presente epidemia puede trastocar negativamente el ya deteriorado tejido conformado por la relación entre hombre-comunidad y Estado. Sin embargo, una reorientación de los modelos de Estado y del derecho puede constituir un tipo de cura contra la inmunización social.

Este trabajo pretende describir cuestiones que han surgido en Argentina ante la emergencia de la COVID-19 que, a su vez, sucede dentro de otra emergencia sanitaria, política y económica. En este escenario, la amenaza biológica a la vida por parte de un virus ha alterado el funcionamiento de las instituciones sociales, jurídicas y políticas. El objetivo es analizar las condiciones de construcción de las instituciones de emergencia y su posible significado normativo sobre la sociedad que debe acatarlas. Para ello, se seleccionó una serie de hechos que muestran condiciones sociológicas del ámbito de aplicación. En cuanto a la metodología, se parte de una perspectiva cualitativa y descriptiva que resalta la interseccionalidad de los fenómenos jurídicos con otras dimensiones de la vida social.

El objetivo del presente artículo es definir los elementos necesarios que se deben considerar para la garantía del derecho a la alimentación adecuada en contextos de confinamiento y que pueden ser adoptados por los gobiernos municipales y distritales a través de sus planes de desarrollo. Para la elaboración del artículo se realizó una investigación cualitativa con enfoque hermenéutico de tipo documental, incluyó el rastreo de literatura especializada en bases de datos académicas y científicas, la sistematización de información en fichas bibliográficas y el análisis de esta información en sesiones de discusión con todo el equipo de trabajo. El aislamiento obligatorio como medida para prevenir la propagación y contagio de la COVID-19 ha producido impactos económicos que exponen una crisis alimentaria en la ciudad de Medellín, su atención se ha dado con medidas de excepción, coyunturales y asistencialistas. Ello ha revelado la inexistencia de una estrategia de accesibilidad y disponibilidad de alimentación adecuada, tanto en la coyuntura como en el corto, mediano y largo plazo, lo cual configura una violación estructural del derecho a la alimentación adecuada. A partir de una revisión del régimen de excepción declarado, el análisis del proyecto del plan de desarrollo para Medellín y los lineamientos aportados por organismos internacionales se propone un conjunto de elementos que se deberían tomar en consideración en el diseño de una estrategia de accesibilidad y disponibilidad de alimentación adecuada en situaciones de emergencia que requieran aislamiento preventivo obligatorio.

A través del presente artículo investigativo se analizan las medidas adoptadas en Colombia en el advenimiento del virus SARS-Cov-2. En virtud de esta circunstancia, se confrontan las medidas adoptadas a través del Decreto 546 del 14 de abril del 2020 con la Constitución nacional y las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a los derechos humanos de la población carcelaria. Se emplea el método descriptivo cuantitativo y con base en documentos emitidos por diferentes organismos de carácter nacional e internacional que han tratado la problemática de la población carcelaria, se confrontan las medidas adoptadas por el Gobierno nacional. Como resultado, efectivamente con la adopción de medidas para contener el brote de la enfermedad del coronavirus se están vulnerando y desconociendo los derechos humanos de la población carcelaria. Finalmente, se proponen medidas efectivas para la población carcelaria, a efectos de que se contenga el brote sin desconocer las garantías constitucionales de esta población.

En este artículo de investigación se aborda la problemática que ha originado la declaratoria del estado de emergencia del Gobierno colombiano para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Esta declaratoria impactó en la restricción de algunos principios fundamentales, de forma concreta, la educación. Como objetivo central se planteó la discusión sobre la fundamentalidad del acceso a internet y su concepto como garantía de otros derechos. Este estudio se desarrolló bajo un enfoque analítico-descriptivo pues desglosa varias categorías —estados de excepción, derechos fundamentales, acceso a internet— y los concluye de forma conjunta. En la investigación se tomaron como fuentes principales: documentos, referencias e investigaciones previas sobre la materia. El resultado de este trabajo mostró que, con la actual crisis generada por la pandemia del coronavirus y la consiguiente suspensión de casi todas las actividades humanas —económicas, sociales, culturales—, se generó la sistemática vulneración de derechos, dentro de los cuales está la educación. El internet se convirtió en la única herramienta disponible para el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, la falta de garantías para el acceso a esta red impide la materialización de este importante derecho fundamental.

Este artículo tiene como objetivo analizar las restricciones a los derechos constitucionales durante estados excepcionales en la jurisprudencia brasileña e internacional. Para eso, el artículo adoptó la investigación documental y bibliográfica como técnica de investigación. Como método de investigación, el método inductivo partió de preguntas particulares de los países analizados hasta una conclusión sobre el tema de investigación. Se concluyó que hay necesidad de relectura de los derechos constitucionales ante el nuevo escenario y es imperativa la adopción de una interpretación constitucional menos dañina.

En el año 2020, tras la aparición del nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 y su declaración como pandemia mundial por la OMS, llegó a varios países, entre ellos a Colombia. Este virus ha traído consecuencias en varios sectores, entre los cuales se destacan el económico y el laboral. En nuestro país, durante el mes de marzo, el Gobierno decretó emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional; asimismo, implementó una serie de medidas para aplanar la curva de contagio y se declaró cuarentena para la seguridad de los habitantes. En el presente artículo se expondrán y analizarán los decretos expedidos respecto al área laboral y la manera en que estos han protegido o afectado a miles de empresarios y empleados. Para ello, se implementó la metodología cualitativa. Debido a que solo se permiten realizar actividades laborales que sean de primera necesidad, los trabajadores formales, informales independientes; los pequeños y medianos empresarios; los campesinos y las trabajadoras domésticas se encuentran en una situación de vulneración a sus derechos constitucionales y fundamentales porque los decretos expedidos no los benefician. Antes bien, les han ocasionado problemas económicos por los despidos masivos y por la falta de garantías laborales en tiempos de crisis.

El artículo presenta los impactos de las decisiones tomadas por el Estado brasileño desde el inicio de la pandemia por coronavirus que han afectado la federación brasileña. En tal sentido, mediante el método histórico, se plantea que el impacto viene en contravía de lo que ocurría a partir de la promulgación de la Constitución de 1988, en virtud de haber un movimiento de descentralización que, en este momento, opera en sentido opuesto al de centralización que ya se había estabilizado y se mantenía, incluso por la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (STF). El cambio de orientación se daría en función del protagonismo de los gobernantes por medio de la toma de decisiones administrativas y normativas, por una parte, y por decisiones del STF, por otra, lo que genera una expectativa de saber si estos movimientos son meramente eventuales o pueden establecer un nuevo estándar para el futuro del país. Para construir el andamiaje de fundamentos que basan los resultados del artículo, se empleó revisión de la literatura, análisis de las normas y el reparto competencial contemplado en la Constitución de 1988, además de la reciente jurisprudencia del STF. Se concluye, desde lo ocurrido y de modo no perentorio, que hay falta de planeación en el proceso de descentralización actual y, por ende, intensificación en la competencia entre entes subnacionales y el ente nacional, lo que conlleva una ampliación de los espacios decisorios de los municipios y estados con nuevas funciones, como lo es la relación con los organismos internacionales y la confrontación de la pandemia, además deuna posible reforma constitucional tácita en el pacto federativo brasileño.

El uso y abuso del estado de sitio en Colombia fue una constante durante los siglos XIX y XX. Por ello, el constituyente de 1991 fue tan cuidadoso a la hora de regular los estados de excepción estableciendo un sistema de exigentes límites y controles. El objetivo de este escrito es evidenciar la manera en que se usaron poderes extraordinarios en Colombia para enfrentar situaciones ordinarias. Y ahora, de manera paradójica, se abusa de competencias ordinarias para enfrentar una situación extraordinaria, como lo es la pandemia ocasionada por la COVID-19. El Gobierno nacional y los gobiernos locales han enfrentado, durante varios meses, la mayor crisis social y económica por la que ha pasado el país con medidas concebidas para la normalidad, como lo es el Código de Policía. Lo anterior se convirtió en un estado de excepción de facto. Mediante una metodología descriptivo-analítica, se pudo demostrar que limitar derechos fundamentales con competencias de policía es una manera de eludir el control idóneo de constitucionalidad por parte del Gobierno nacional. Además, varios controles establecidos en la Constitución y en la ley no fueron eficaces durante esta crisis, lo que fracturó al Estado constitucional de derecho y nos llevó, por varios meses, a estar bajo la pequeña dictadura de la COVID-19.

En tiempos oscuros de pandemia, la inutilidad del arsenal económico liberal para gestionar los nefastos efectos de la crisis sanitaria y económica obligó a gobiernos del mundo todo a volverse protagonistas de un giro keynesiano, incorporando un rol más activo en la economía, como el único camino posible a recorrerse. En este sentido, el presente artículo emerge con el propósito de asentar el camino para el rescate de los matices keynesianos y de reformas extremas, rechazando las políticas que han servido de modelo a gran parte de los gobiernos en las últimas cuatro décadas. Para tal, se empleó en todas las fases de la investigación el método inductivo. Se utilizaron el método procedimental monográfico y la técnica bibliográfica. Se encontró que, una vez más en la historia, el neoliberalismo fue manifiestamente falseado por los severos efectos que un virus ha provocado en la salud de la población y en la economía mundial, lo que ha exigido un retorno al enfoque keynesiano de un protagonismo estatal más notable, mediante políticas públicas, fiscales y monetarias, con el fin de mitigar las implicaciones desastrosas provocadas por las recesiones y garantizar la supervivencia de la economía nacional y el propio sistema capitalista.

El presente artículo busca presentar y sustentar el concepto de estado de excepción como creación moderna que se reactualiza en el marco de la actual pandemia, en tanto obedece a la vigencia de las ideas de progreso. El método empleado es de corte filosófico, el cual apela al concepto de asombro, desde donde se despliega la posibilidad de develar a partir del ejercicio de recuperación de lo oculto de la realidad. Los resultados de la reflexión tienen que ver con la reafirmación de varios puntos: el soberano como creador de normativas que socavan la condición humana; el estado de excepción y sus riesgos en la preservación de las vidas precarias, y el desborde normativo y abstracto en tiempos de la actual pandemia. Como conclusiones importantes del trabajo, se resalta lo paradójico del estado de excepción en tanto que, por un lado, se crea para proteger la vida concreta y se vale de ella para dar respuesta a la excepcionalidad y, por otro lado, se erige como posibilidad de retorno a un antes. De esta manera, obvia la responsabilidad de renovación para edificar futuro diferente.

El artículo analiza desde una mirada crítica las decisiones adoptadas por el Estado colombiano como consecuencia de la declaratoria de emergencia social sanitaria en todo el territorio nacional por la COVID-19 para los niños que se encuentran bajo una medida de institucionalización. Si bien Colombia cuenta con una amplia normatividad para la protección de la niñez, al parecer estas garantías constitucionales y convencionales se han desconocido en el Decreto 567 (2020) que faculta a los procuradores judiciales de familia para adelantar los procesos de adopción, lo que vulnera principios del Estado social y democrático de derecho como la autonomía, independencia judicial e imparcialidad procesal. Se partió de un estudio dogmático, utilizando la técnica documental, bajo un nivel exploratorio. Se concluye la evidente desprotección de los niños institucionalizados, cuyos derechos se encuentran en juego por decisiones contradictorias, ambiguas e inconstitucionales, a la suerte de seguir siendo objetos de protección en los estados de excepción y de normalidad.

El presente estudio, fundamentado en el método hipotético-deductivo y amparado en la investigación bibliográfica, documental y descriptiva, busca evidenciar que la actuación del jefe del ejecutivo brasileño durante la pandemia, especialmente en cuanto a la adopción de medidas provisionales sobre el derecho laboral, caracteriza el estado de excepción definido por Giorgio Agamben en el libro Estado de excepción (2004). La investigación averiguó que el presidente de la República, aprovechándose del periodo de la pandemia ocasionada por la Covid-19, ha promovido alteraciones sustanciales en los derechos laborales, con el respaldo condescendiente del Supremo Tribunal Federal. Ante los resultados, se concluye por la existencia y creciente avance de un estado de excepción a justificar la precarización de los derechos sociales laborales en Brasil.

La relación entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional peruano está regulada en la Constitución Política de 1993. Allí se establecen los mecanismos de diálogo, control y contrapesos tanto en lo político como en el ámbito de la fiscalización de la gestión pública, para así garantizar la gobernabilidad del país. Sin embargo, el contexto peruano entre el 2018 y 2020 permite detallar un contexto social, político y constitucional sumamente especial, en particular porque en este tiempo se ha registrado una renuncia presidencial, se ha disuelto al Congreso de la República y se registra un estado de emergencia.

En la elaboración del texto se han empleado el método descriptivo, especialmente porque se ha registrado una situación especial y única en la historia republicana del Perú, en la cual no se había registrado un sistema de contrapesos políticos luego de la disolución del Congreso de la República por parte del Poder Ejecutivo (septiembre de 2019) hecho permite detallar un contexto muy particular que permite analizar el período de interregno parlamentario (2019-2020), seguido del estado de emergencia a consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19 (marzo-junio del 2020), con lo cual se genera una investigación cualitativa y causal. Como resultado de esta evaluación, se detalla una situación particular. El Poder Ejecutivo no ha ejecutado actos de abuso de su posición, pero ha desarrollado una producción legislativa que debe ser evaluada en conformidad con los artículos 104º, 118º, 135º y 137º de la Constitución Política de 1993, con lo cual se volvería a un Estado de derecho en el cual coextisten los contrapesos políticos en forma democrática.

El objetivo de la presente investigación es analizar la tutela como mecanismo de protección del derecho fundamental a la salud mental en época de pandemia de la COVID–19. La metodología utilizada es de tipo cualitativo, de carácter exploratorio. La investigación se encuentra segmentada en tres partes: diagnóstico jurídico del derecho a la salud mental; garantías y responsabilidad jurídica del Estado; prospectiva de la salud mental de cara a la responsabilidad jurídica del Estado. Finalmente, con el conjunto de estas consideraciones teóricas y prácticas, se llega a evidenciar la incapacidad del Estado colombiano para entender la COVID-19, durante y después del periodo de confinamiento, en relación con especificidad del área de salud mental. Se concluye que, aunque existe poca legislación durante la época de pandemia en salud mental, existe una legislación sólida anterior a la pandemia para garantizar la salvaguarda del derecho a la salud mental. La tutela es un mecanismo eficaz a la hora de la reclamación de los derechos, más aún desde la función jurídica digital que facilitaría los trámites en la pandemia.

La lucha contra la pandemia de la COVID-19 puso una serie de medidas de emergencia sobre la mesa de los Estados más afectados que, en nombre de la protección de la salud pública, plantean serias dudas sobre su compatibilidad con la protección universal de los derechos humanos. Al limitar absolutamente libertades individuales muy básicas, ciertas medidas restrictivas fueron interpretadas como reales excepciones constitucionales. Al tratar de enfrentar el problema de la incompatibilidad, desde el punto de vista de la legitimidad social de las medidas excepcionales pandémicas y la protección general de los derechos humanos, esta investigación buscará desarrollar aspectos relacionados con su normativización en ámbito mundial por medio de la noción de gobernanza glocal/global democrática y deliberativa. Esta noción se entiende, sobre todo, como un instrumento para la realización del constitucionalismo transnacional en creación de un “derecho común de cooperación” en términos häberlesianos. Metodológicamente, se utilizará un enfoque analítico-descriptivo de acuerdo con el método deductivo y con la ayuda de referencias bibliográficas y documentales cuando se aborden las nociones de estado de excepción vs. derechos humanos, riesgos y gobernanza en el contexto de la actual globalización. De este modo, la hipótesis central se desarrollará mediante la articulación de tales categorías conceptuales dentro de un marco transnacional teórico-constitucional y de derechos humanos. En este sentido, el objetivo es trazar las características generales de estandarización de esta gobernanza glocal/global deliberativa. Se concluye que hay necesidad de superar legítimamente, con los recursos dromocráticos de concertación junto con los ordenamientos jurídicos de cada Estado, los desafíos de la pandemia creados por la sociedad contemporánea del riesgo y de la información.

La pandemia de la Covid-19, que comenzó en los mercados de la provincia de Wuhan, China, denuncia diariamente una crisis política, económica y social sin precedentes en Brasil y en el mundo. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo presentar un análisis del discurso político e ideológico, a través de los periódicos brasileños, que rodea la confrontación de la pandemia, basado en la asunción de la defensa de los derechos sociales fundamentales mediante un posicionamiento legal y doctrinal centrado en la importancia de las políticas públicas. Siguiendo estos dictados, surgen muchas preguntas con énfasis en el problema que concierne al hecho de que las políticas públicas son (o no) mecanismos efectivos para la protección y garantía de los derechos sociales fundamentales, en el sentido de establecer un equilibrio entre la recuperación de la economía y la preservación de la salud y de la vida. Por lo tanto, el estudio propuesto constituye una revisión bibliográfica que utilizó periódicos y doctrinas brasileños impresos, basados en el método dialéctico. Se encontró que la politización de los debates en torno de las implicaciones de la pandemia, con respecto al respeto por la vida y la reanudación de la economía, indica una posición convergente en el sentido de que uno debe buscar políticas públicas para confrontar a la Covid-19, protegiendo los derechos sociales fundamentales, como la vida, la salud e, igualmente, el trabajo y los ingresos.

El propósito es evidenciar, por medio de una investigación de carácter cualitativo y el método deductivo, cómo la pandemia causada por la Covid-19 puede llevar a un mayor cumplimiento estatal con las normas de protección de derechos humanos. Desde el análisis histórico del desarrollo y la protección de los derechos humanos en el contexto internacional, se encuentra que situaciones de crisis tienen la capacidad de producir efectos positivos y un cambio en el pensar de la sociedad. Igualmente, luego de una reflexión acerca de las consecuencias de la pandemia en la modificación de las relaciones entre los países, se denota cómo la situación excepcional actual, a pesar de generar efectos adversos en cuanto a la protección de los derechos humanos, exponiendo la fragilidad de los sistemas de salud y sus políticas sociales, repercute en la conducta de los Estados en relación con los individuos. Se concluye que la actual pandemia tiene la capacidad de elevar la percepción de los costes del noncompliance y las bondades que un enfoque más grande en la protección de los derechos humanos tiene, en largo plazo, de forma a incentivar más conformidad de las prácticas estatales con las normas internacionales de protección de tales derechos.

La crisis de la COVID-19 pidió a la comunidad intelectual que reflexionara. En el ámbito jurídico, en Brasil y en el mundo, se están adoptando medidas extraordinarias con amenazas a los derechos fundamentales. Seleccionamos las ideas principales de filósofos, politólogos, economistas y medios de comunicación para trazar un mapa de las raíces de esta crisis y luego visualizar algunas afinidades causales entre el modelo neoliberal en el que vivimos, la gravedad de la crisis y los riesgos para el futuro de los derechos. Lo que es común entre la pandemia brasileña y mundial se deriva de los temas de la digitalización de la vida, la sociedad de control, la tensión entre el globalismo y el localismo, las noticias falsas y el renovado llamamiento al Estado de bienestar. El objetivo principal de este artículo es relacionar estos temas con los mayores peligros de degradación de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a través de los derechos asociados con el estado del bienestar social especialmente revelados por la crisis de la COVID-19. El segundo objetivo principal del artículo es analizar, además, las recientes intervenciones del Gobierno brasileño a través de decretos, que deberían fortalecer las políticas públicas de protección social con gran impacto y políticas económicas capaces de obtener resultados inmediatos en el ámbito de la salud pública y resultados a medio plazo en la reducción de la pobreza. Estas medidas de emergencia están bajo la supervisión inmediata del poder judicial brasileño, lo que revela más peligros para las garantías fundamentales de salud pública y otras cuestiones relacionadas con las libertades que la pandemia de la COVID-19 sacó a la luz. La metodología utilizada es documental descriptiva. Se analizan artículos de autores, periodistas, editoriales de periódicos y revistas seleccionados según tres criterios: i) capacidad crítica de reflexión en defensa de los derechos fundamentales; ii) importancia de autores renombrados, iii) y, lo que es más importante, el hecho de que sean reflexiones muy actuales publicadas en el contexto de la crisis de la COVID-19 en Brasil y en el mundo. Las conclusiones apuntan a factores sustantivos, no siempre evidentes, que imponen las reflexiones necesarias de las ciencias sociales y jurídicas para rastrear los posibles legados de esta crisis en la civilización del futuro y los riesgos para los derechos fundamentales en el amplio espectro de los derechos a la salud, la vida digna, la privacidad, así como al papel del renovado estado de bienestar.

“Covid-19” es el nombre dado a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus con alto poder de contagio, que encontró, en la sociedad globalizada, el lugar ideal para avanzar de forma acelerada, ultrapasar rápidamente las fronteras nacionales, evidenciar la existencia de problemas transnacionales y resaltar la importancia de buscar respuestas más efectivas. Ante lo anterior, el artículo tiene el propósito de analizar el nuevo coronavirus en el marco transnacional y plantea investigar la posibilidad de utilizar mecanismos presentes en el Derecho Transnacional como alternativa al combate de la pandemia. En cuanto a la metodología, se apoya en el método inductivo desde las técnicas del referente, la categoría, los conceptos operacionales, la investigación bibliográfica y el registro. Con el estudio, se evidencia que lidiamos con un problema transnacional, no solo porque el virus se diseminó por todo el globo, sino también porque los Estados nacionales no son capaces de responder de forma consistente al combate de la pandemia, en especial por sus actuaciones desordenadas. Se concluye que es posible analizar el nuevo coronavirus en el ámbito transnacional, si bien es evidente la necesidad de más profundidad en la temática, encontrándose la posibilidad de afrontar cuestiones como la pandemia mediante el empleo de mecanismos presentes en el Derecho Transnacional.

Históricamente, cuando se presenta una crisis que irrumpe y permea en el estado “normal” de las cosas, inevitablemente nos hace reflexionar o cuestionar los cambios que se generan por ese trance, sobre todo si esos ajustes son arbitrarios. Estos procesos emergentes generan incertidumbre, de manera que surgen muchas lecturas entre la sociedad (incluso contradictorias) del sentido que tiene el orden social, económico y político, producto de la coyuntura. Por ello, el objetivo de este artículo es examinar la relación existente entre la violencia en México, la contingencia sanitaria por la COVID-19 y la instauración de reglas de excepción, para poder explicar cómo funciona el poder hegemónico del Estado mexicano sobre los individuos. En atención a este objetivo se realizó un análisis teórico a partir de los conceptos de estado de excepción, biopolítica y biopoder para explicar, desde una perspectiva crítica, el uso del discurso institucional que justifica el estado de excepción a partir de la violencia histórica y la coyuntural derivada del confinamiento por la COVID-19. El principal hallazgo de este texto es que la biopolítica, en tanto mecanismo discursivo inscrito en el marco jurídico, formaliza las funciones y acciones de las fuerzas armadas en México para mantener la seguridad y el orden ante la violencia y la pandemia; y a través del biopoder justifica su función policial como método efectivo para hacerles frente. No obstante, el uso indiscriminado de las reglas de excepción puede desvanecer la línea entre lo legal e ilegal.