Volúmen 19, Número 38 (2020): Enero-junio

El mundo —tal y como lo conocemos— es resultado de una profunda transformación provocada por el fenómeno de la globalización. Sin embargo, lo que en sus inicios era solamente una estrategia para ampliar los mercados mundiales, terminó siendo un proceso integrador mucho más amplio de las sociedades que involucra aspectos políticos, culturales y sociales. En este
sentido, se hace necesaria una nueva interpretación global de los derechos humanos. Este trabajo aborda, entonces, el tema de cómo evaluar la gobernanza constitucional pensada para una sociedad mundial. Para ello, se realizó una investigación doctrinal preliminar a fin de que se pueda introducir una nueva mirada a los sistemas jurídicos internacionales y nacionales para
lograr una mayor concreción de los derechos humanos. Cada vez se hace más apremiante la tarea de consolidar los derechos humanos teniendo en cuenta la globalización como un hecho que permanecerá durante mucho tiempo.

El presente artículo analiza las consecuencias que trae para el sistema de salud colombiano el cambio de la variable sexo en el documento de identidad de una persona transgénero, quien puede identificarse legalmente con un sexo, pero conservar la biología de otro. A partir de una investigación de tipo documental y exploratoria, fue posible concluir que para el sistema es importante la identidad biológica de las personas, ya que se utiliza para realizar gestión de riesgo en salud, y se usa para calcular los ingresos en capitación para las entidades promotoras de salud, por lo cual se recomienda tener esta variable en cuenta en el sistema.

El estudio pretende presentar el licenciamiento ambiental como una política pública de Estado y un instrumento capaz de evaluar técnicamente la actividad empresarial ante el discurso del crecimiento económico. En este contexto, luego de la Convención de Estocolmo, con fuerte sentimiento ambiental instituido por el mundo y, por ende, con la edición de norma específica en el área ambiental de Brasil, las empresas tuvieron que subordinar sus actividades al Estado. De ahí, confrontamos el Derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado y el desarrollo económico, ambos presentes en la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, en contrapartida a los fundamentos de la teoría del poder de Foucault.

Los trabajadores informales que puedan presentar accidentes de trabajo y que por derecho requieran acceder a las prestaciones que ofrece el sistema, deberán superar las barreras que fueron identificadas en dos momentos. El primero está determinado por el proceso de afiliación voluntaria al sistema, en tanto los requisitos exigidos no están pensados desde la realidad de este tipo de trabajadores. El segundo momento se presenta cuando el trabajador informal se afilia bajo una figura que no le corresponde. Si se presenta un accidente, la dificultad radicaría en demostrar el nexo causal del hecho dañoso con la actividad laboral, pues la equívoca normatividad frente a la definición de accidente de trabajo descrita por la Ley 1562 del 2012 vincula el accidente de trabajo con una relación de subordinación. Desde la reflexión jurídica nace la intención de evidenciar las dificultades que presentan los trabajadores informales para afiliarse voluntariamente, así como revelar las barreras para el acceso a las prestaciones asistenciales y económicas en caso de presentarse un accidente de trabajo.

La seguridad pública implica directamente la seguridad jurídica y la seguridad de las instituciones democráticas. Desde el reconocimiento por parte de la Corte Suprema Federal de Brasil de la constitucionalidad de las investigaciones penales que se llevan a cabo directamente por el Ministerio Público, sin la presidencia de la autoridad
policial, el Consejo Nacional del Servicio de Fiscalía Pública cumplió con la determinación de regular el problema, a nivel institucional, al emitir la Resolución 181, del 7 de agosto de 2017. Además de la regulación de la investigación, la Resolución también establece en su artículo 18 el “acuerdo de no persecución penal”.

Ante este escenario, el objetivo general del artículo es evaluar la Resolución y ese instituto. Para ello, toma como premisas la Constitución Federal brasileña, el sistema acusatorio, los principios de legalidad y la reserva legal.

Como objetivo específico, el texto pretende analizarlos desde la perspectiva del debido proceso (penal) y los derechos y garantías fundamentales del ciudadano en el Estado de Derecho Democrático brasileño. El tema que impulsa la investigación, directamente relacionado con la seguridad jurídica y la seguridad de las instituciones democráticas, es saber si al proponer una modificación del Procedimiento Penal mediante resolución, con acuerdos realizados antes de la denuncia y con contrapartes similares a la pena, la Fiscalia siguió el sistema procesal actual.
El estudio utiliza como método, predominantemente, la revisión de la literatura, y busca establecer un diálogo entre autores contemporáneos sobre el tema en cuestión.

El artículo presenta una lectura teológico-política de la relación entre el lenguaje y el derecho a partir de Walter Benjamin, como resultado de la investigación Los cuerpos de la excepción. Se argumenta que el derecho es el garante de la vida, pero solo como una captura que intensifica la inevitabilidad del mismo y no las condiciones para dar forma a una vida lograda. Las decisiones metodológicas corresponden a lo que Benjamin (2013 y 2015) nombra como montaje. Estas permiten, al menos, dos cosas: cuestionar los valores que promueve el liberalismo democrático en tanto que este aumenta el poder del derecho sobre la vida humana, y ensamblar distintas perspectivas analíticas de la obra de Benjamin para romper el efecto mítico del derecho sobre los hombres. La conclusión señala que han arrebatado del lenguaje sus cualidades simbólicas, metafóricas y alegóricas; de esto se sirve el derecho para aumentar la red de culpabilidad que extiende sobre la humanidad. Solo el lenguaje restaurado podrá devolver a los hombres la justicia y la capacidad de crear.

Este artículo analiza uno de los problemas de la ley chilena sobre procedimiento administrativo, que es la eventual competencia monopólica para notificar los actos de la Administración del Estado a través de cartas certificadas por medio de una empresa estatal. Esta institución no ha sido abordada sistemáticamente, pero ha suscitado disímiles criterios de la Contraloría General de la República, a partir del inciso segundo del artículo 46. Se contrasta la interpretación de la jurisprudencia administrativa con los requisitos de existencia de un monopolio estatal, así como el derecho al desarrollo de cualquier actividad económica y el concepto de fe pública.

El acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se firmó en el año 2016. A pesar de que este marcó un hito en la historia del país y constituye un paso importante en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado y la reducción de la violencia, ha traído en el periodo de posacuerdo un proceso de desestabilización sociopolítica que ha derivado en múltiples vulneraciones de los derechos humanos, tanto en zonas rurales como urbanas. Estas se expresan en la persistencia de consecuencias humanitarias que, aunque ya no se derivan de una situación de conflicto armado no internacional, sino de la confrontación entre actores armados ilegales vinculados con el crimen organizado, son clara expresión del impacto de la lucha armada sobre la población civil. En múltiples ocasiones, estas consecuencias han llegado a niveles equiparables a los de las manifestaciones presentes en situaciones de conflicto armado. No obstante, cada vez la respuesta humanitaria amparada por el espectro normativo del DIH es más limitada, lo que hace que esta se convierta en uno de los principales retos de la etapa del posconflicto.

El presente estudio tuvo como objetivo identificar en qué medida la colonialidad, con respecto a la ética/no ética de la guerra, contribuye al fracaso para reducir el feminicidio en el país. También se analizó el perfil del tipo de feminicidio predominante en Brasil, como el feminicidio doméstico o íntimo. Se encontró que hubo una falta de articulación entre el sistema de registro de muertes y la caracterización de este tipo de delito para evitar la invisibilidad en la denuncia de casos de asesinatos de mujeres que podrían confundirse con casos de muertes no causadas por género. Se observó que las estrategias de dominación/guerra y violencia se reflejan hasta la actualidad por medio de la colonialidad/colonialidad del Derecho, y mantiene las desigualdades de poder entre los géneros, incluso con un sistema de protección  formado por la Ley 11.340/2006 y la Ley 13.104/2015, no hubo reducción en el genocidio femenino. La propuesta metodológica es la de los Estudios Decoloniales, que abarca críticamente el objeto de estudio, así como el uso de la técnica de investigación bibliográfica y documental.

El artículo reflexiona sobre la noción de enfoque diferencial territorial y étnico contenido en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Se busca identificar los efectos jurídicos que tiene esta noción y de qué manera su introducción en el acuerdo de paz ha traído una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Dado que el acuerdo reconoce que la herramienta jurídica para la realización de la paz en las tierras y territorios de las minorías étnicas es la consulta previa, también se hace un análisis preliminar de los efectos de esta propuesta de ley. Actualmente se discute en el Poder Legislativo lo que esta consulta que puede traer para la
implementación del acuerdo.

Los avances obtenidos en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han cambiado las metodologías para aplicar las especialidades tradicionales que conforman la técnica criminalística, además de que han proporcionado el surgimiento de otras en el enfrentamiento a la actividad delictiva. Este trabajo actualiza y se acerca más a la aplicación de la especialidad de referencia, partiendo de la experiencia de su empleo en la provincia de Guantánamo. Se utilizaron varias técnicas de la investigación científica como la entrevista a profundidad, el análisis de documentos, el análisis secundario y el estudio de casos.

La inmunidad diplomática, en sus diferentes modalidades, procura el eficiente desarrollo de la actividad y objetivo del cuerpo diplomático. Integra, así, una amplia gama de prerrogativas y exenciones, debido a la soberanía e igualdad entre los Estados. Empero, posee límites que no se han desarrollado y aplicado de manera uniforme a nivel nacional e internacional, pues aún no existe consenso sobre si esta institución debe aplicarse conforme a su dimensión iure imperii o iure gestionis. En este contexto, el presente artículo de reflexión procura brindar luces respecto a esta controversia, que perjudica la comprensión, estudio y aplicación de esta figura. Lo anterior toma mayor complejidad al momento de atender las normas del ius cogens y el derecho internacional de los derechos humanos, esto es, cuando se vulneran estas normas bajo el amparo de la inmunidad diplomática, aunque las cortes internacionales y la doctrina no están contentos en una interpretación respecto de los límites y alcances de dicha inmunidad. Para finalizar, se presenta el caso colombiano y se enfatizan las ambigüedades de la jurisprudencia de las altas cortes que manejan tesis divergentes. En este
sentido, los derechos fundamentales dependen de la jurisdicción a la cual acudan, lo que genera inseguridad jurídica, en contravía de lo profesado desde nuestra
norma superior.

El presente trabajo busca resumir la línea de discriminación entre crimen y castigo a través de un grupo de situaciones que aún hoy continúan provocando preguntas de particular complejidad. Se trata de una “naturaleza” de culpa que requiere una reconstrucción del significado de hipótesis controvertidas, capaz de expresar evaluaciones amplias que van más allá del perfil puramente literal de la fórmula normativa. Sería suficiente recordar los “elementos objetivos de la culpa” para medir en profundidad el alcance de tal advertencia.