Volumen 17, Número 34 (2018): Julio-diciembre

El presente artículo tiene por objeto analizar si frente a los supuestos en que el acusado presenta un trastorno psíquico que le impida conocer la naturaleza de su comportamiento, tal condición debiera ser considerada exclusivamente en sede de culpabilidad o si, previamente, la misma debiera ser tenida en cuenta a la hora de definir si al sujeto se le puede o no atribuir un comportamiento doloso, por ende, en sede de imputación subjetiva de la conducta. Para tales efectos, se aborda principalmente el problema de las condiciones que deben ser consideradas relevantes a la hora de atribuir el dolo y el papel que debieran jugar las condiciones propias de la individualidad de un sujeto. Por último, se analiza si la consideración de tales condiciones en sede de imputación subjetiva debiera o no traer alguna consecuencia a la hora de determinar si al inimputable se le puede imponer una medida de seguridad.

Aunque existen posturas teóricas dispares sobre la naturaleza de los grupos de delincuencia organizada que operan en la actualidad en Colombia, las reglas hermenéuticas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional establecen que es posible que estas agrupaciones cometan delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (también DIH), es decir, crímenes de guerra. Respecto de estos delitos, la competencia por el factor objetivo —en su vertiente de la naturaleza del asunto— corresponde a los jueces penales del circuito especializado. No obstante, dado el carácter difuso de las relaciones entre la criminalidad organizada y el conflicto armado, no sería inusitado que el fiscal yerre en la determinación del nomen iuris y acuse por un crimen común, y no por un crimen de guerra. El artículo pretende responder a la pregunta de cuál es la solución que debe adoptarse en estos eventos. La propuesta que aquí se presenta es que el juez debe decantarse por la declaratoria de la nulidad a partir de la presentación del escrito de acusación, como forma de armonizar las garantías del procesado con los derechos de las víctimas.

La sociedad en red potencia la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, sobre todo el internet. Grandes empresas que actúan en ello se establecen como verdaderas “gigantes” y determinan nuevas dinámicas de poder y desafíos a una regulación democrática del internet. El trabajo busca mapear algunas prácticas anticompetitivas de los “gigantes del internet” desde el análisis de algunas decisiones del Consejo Administrativo de Defensa Económica en el contexto brasileño y de otros órganos responsables de cohibir prácticas de trust en el ámbito internacional; para tal, utiliza un enfoque deductivo, desde un plan de fondo sistémico - complejo. Se busca desarrollar reflexiones acerca de la posibilidad de una regulación democrática que tenga el objetivo de evitar abusos de estos “gigantes del internet”.

La discapacidad es un concepto que a través de los años ha evolucionado y ha trascendido los diferentes modelos sociales y políticos de la historia, adquiriendo un tinte humano y protector que la concibe desde la perspectiva de la diversidad humana y no como una tragedia. Por otro lado, la invalidez atiende a un concepto legal propio de lo que el ordenamiento jurídico colombiano considera como un sistema integral de la seguridad social, concretamente, se adentra en la prestación de carácter contributivo llamada pensión de invalidez otorgada a quien posee una pérdida de capacidad laboral. Es por esto que el concepto de invalidez se hace insuficiente a la hora de reconocer el derecho fundamental a la seguridad social en términos constitucionales e internacionales, pues la protección debe ir dirigida directamente a la persona en situación de discapacidad y no a la invalidez puesto que se reduce el espectro de amparo o atención a estas personas.

El crimen es un producto cultural que sugiere diferentes miradas sobre las formas de control, el castigo y la justicia. El “cine crimen” juega un rol importante para el conocimiento criminológico, pues constituye una forma de criminología popular. Las intersecciones entre la desviación, el delito, el control y sus distintas
representaciones simbólicas en el cine se volvieron objeto de interés de la criminología cultural. El artículo analiza las imágenes y los discursos sobre la violencia, desde una perspectiva interseccional (género y raza) de las semánticas criminológicas feministas, en la película “El color púrpura”. En la adaptación para el cine de la obra literaria de Alice Walker, las imágenes captan momentos de la obra original. En el universo retratado por Spielberg, las escenas remiten a cuestiones contemporáneas debatidas por las teorías de género y, especialmente, por parte de la criminología feminista, abiertas a las intersecciones de raza. El camino recorrido en este artículo pretende evidenciar las potencialidades del lenguaje cinematográfico para discutir y ampliar el debate sobre temas relevantes de los distintos paradigmas criminológicos.

El objetivo de este artículo es explicar el ámbito subjetivo de aplicación de la regla de precedente. Mediante el análisis de la estructura normativa de la regla de precedente se señala que una de sus principales  funciones es definir los órganos y procedimientos para la aplicación de los precedentes judiciales. A partir
de este análisis, se muestra que la definición del ámbito subjetivo de aplicación de la regla de precedente (es decir, el conjunto de órganos con la competencia de aplicar los precedentes judiciales) depende de la definición de la estructura de la jurisdicción. En este contexto, se concluye que la jurisdicción colombiana
está constituida por un sistema centralizado y monista en el que la Corte Constitucional se instituye como órgano de cierre del sistema judicial en Colombia. En consecuencia, el ámbito subjetivo de los precedentes de la Corte Constitucional incluye a todos los órganos de la jurisdicción colombiana. En otras palabras, estos
precedentes judiciales son precedentes verticales respecto de las decisiones de todas las cortes, tribunales y jueces que conforman la jurisdicción colombiana.

A partir del análisis de las distintas corrientes filosóficas, este texto discute el concepto de autonomía en el caso de conflictos jurídicos complejos, como en la definición de la capacidad civil, por la reciente entrada en vigor de la Ley no. 13.146/15 (Estatuto de la persona con deficiencia) en el ordenamiento jurídico brasileño. Se debate sobre la medida del establecimiento de límites apriorísticos a un ejercicio de libertad intersubjetiva y sobre cómo deben ofrecerse razones suficientes a la restricción de toda y cualquier libertad. Al mismo tiempo, hay la preocupación por tornar potente la autonomía de la persona, como un principio relevante para la construcción de la moral en la sociedad contemporánea. Esto permite el cuestionamiento a la aprobación reciente del Estatuto de la persona con deficiencia en Brasil, por suprimir los incisos del artículo 3º del Código Civil brasileño, extirpando, normativamente, el criterio del discernimiento para la  eterminación
de la capacidad civil. Teniendo por base el discurso jurídico, se apunta como fundamental, para fines de interpretación, el rescate del concepto de discernimiento para la promoción del libre desarrollo de la personalidad humana.

El objetivo del texto es analizar la justicia ambiental y el derecho fundamental al medio ambiente como forma de garantizar y realizar el mínimo existencial a la luz de la concepción de justicia de John Rawls. Desde un enfoque analítico, se desarrolla la tesis de que el derecho fundamental al medio ambiente se agrega
al grupo de derechos fundamentales, argumentando que el mínimo existencial ecológico puede sostenerse como corolario de la dignidad de la persona humana. Se parte de la teoría rawlsiana de justicia para fundamentar la tutela al medio ambiente, objeto de protección y tutela jurídica, debido a que es la condición de la propia existencia y la realización de los demás derechos humanos. Por fin, se sostiene que la protección del mínimo existencial ecológico para todos los individuos estaría en conformidad con las premisas de un Estado socioambiental y, en último análisis, que se trata de una de las formas de realización de una
teoría de la justicia.

El documento analiza la temática de la evaluación de políticas públicas con base en los autores que han trabajado este campo transdisciplinar en las ciencias sociales. Por lo tanto, se busca dar cuenta de la evaluación de política pública como objeto relevante en investigación. El corpus del trabajo estudia las finalidades, los tipos y los niveles sobre la evaluación de políticas públicas. A través de un ejemplo se presenta su aplicación. Al final, la principal conclusión investigativa apunta a la utilización complementaria de los métodos cualitativos y cuantitativos en aras de un rigor científico en clave de diálogo de saberes. Ante todo, se debe tener en cuenta que este artículo es de carácter reflexivo.

El ser humano siempre ha aspirado a tener mejores condiciones de vida, por lo que, a través de las diversas formas de organización política que se han creado para tal fin, se considera que el buen gobierno constituye un derecho humano consistente, entre diversas tareas, en la eficiente administración de los recursos públicos. En este sentido, la administración pública también se considera un derecho humano, dado que constituye una de las principales vías para la satisfacción de otros derechos humanos. Desafortunadamente, en la realidad mexicana se ha venido observando con mayor frecuencia un excesivo endeudamiento subnacional, que generalmente es producido por una ineficiente administración pública, lo que propicia una disminución presupuestaria de los recursos que serán destinados a la satisfacción de otros derechos humanos, lo que tiene como efecto colateral que a estos derechos no se les hayan desarrollado mecanismos de control ni medición. El objetivo de este trabajo consiste en subrayar los avances que han surgido en Ciudad de México en materia de eficacia de derechos humanos a través de un caso de disminución presupuestaria del metrobús que, seguramente con base en la metodología del Alto  Comisionado de las Naciones Unidas, servirá para elaborar indicadores que abonen al desarrollo de esta nueva etapa de los derechos humanos.

Este artículo tiene como objetivo analizar la problemática intersectorial que atañe a las violaciones de los derechos humanos de los adolescentes que ocurren actualmente en Brasil. De modo específico, el estudio centra su atención en la participación de estos jóvenes en el tráfico de drogas, así como en las relaciones entre su participación en los crímenes y el aumento de las tasas de mortalidad en estos grupos etarios. Una gran parte de los niños y adolescentes de Brasil crece en contextos de vulnerabilidad social, falta de oportunidades, difícil acceso a bienes económicos y devaluación personal. Esta coyuntura suele llevar a los jóvenes a involucrarse en acciones de narcotráfico o robo a mano armada, ya que el crimen representa, en su contexto, una posibilidad de ascenso económico y social. De modo paralelo, la política penal adoptada por el Estado brasileño (sintetizada en la expresión “guerra contra las drogas” y manifestada en la promulgación de la Ley 11.34306) se centra en acciones policiales represivas y favorece el encarcelamiento, pero no se
ocupa en atacar las causas sociales del problema. Lo anterior acarrea el encarcelamiento masivo —y, no en pocas ocasiones, la muerte— de personas jóvenes y desfavorecidas económicamente, con lo que se configura una situación en la que estos adolescentes son al mismo tiempo perpetuadores y víctimas de la violencia.

Una de las grandes preocupaciones recientes de las mujeres gestantes ha sido la expectativa de saber si su hijo se ha afectado por el brote de microcefalia en Brasil y gran parte de Latino América desde finales del 2015. A diferencia de otras malas formaciones, como la anencefalia, la microcefalia no impide el nacimiento con vida o reduce su expectativa, pero puede causar discapacidades físicas y mentales, las que generan inquietudes acerca de la interrupción del embarazo, caso en que puede ser considerada como una forma de eugenesia. Ante lo anterior, en el texto, se verifica si hay eugenesia y a cuál el caso pertenece; posteriormente, ocurre un análisis, desde la perspectiva de la justicia política, de autores suscritos al neokantismo, en especial Jürgen Habermas y John Rawls. Para contestar las indagaciones, se utilizó el método deductivo, por medio de la investigación bibliográfica. Se concluyó que el fundamento de maximización de las libertades puede ser una impeditiva moral en la conducta abortiva de fetos microcefálicos, siempre y cuando el fin eugenésico sea mera y comprobadamente utilitarista.