Volumen 18, Número 36 (2019): Enero-junio

El presente artículo ofrece una mirada del principio del interés superior del niño, niña o adolescente en la legislación chilena, y las dificultades y particularidades que este presenta al aplicarse en los tribunales dicho principio en la resolución de los conflictos sometidos a su decisión. Por medio de diversos criterios y herramientas —tanto interpretativas como concretas— los tribunales han logrado dotarlo de contenido específico para garantizar una adecuada protección, de acuerdo con el mandato de la legislación nacional. Se abordarán dogmática y analíticamente los criterios utilizados, de tal manera que sea posible concretar los límites difusos de este principio.

El presente artículo busca discutir el daño moral colectivo en las relaciones de consumo, y se concentra en el concepto actual de daño moral, en el carácter abierto de la categoría de los derechos de la personalidad (que también pasa a abarcar los derechos difusos y colectivos), en la caracterización y las especificidades del daño moral colectivo en el derecho brasileño del consumidor, en la comparación con el sistema colombiano instituido por la Ley 1480 de 2011 y, por fin, en su comprensión en la jurisprudencia reciente del Tribunal Superior de Justicia en Brasil. La metodología utilizada correspondió a la revisión bibliográfica y el examen documental, con las cuales se observaron tanto fuentes legislativas como jurisprudenciales. Se concluyó, primero, que el daño moral colectivo en las relaciones de consumo configura la lesión que afecta al patrimonio moral de la colectividad y acarrea una reducción inmediata de la calidad colectiva de vida; que los sistemas brasileño y colombiano de responsabilidad por productos defectuosos presenta numerosas similitudes; segundo, que a pesar de no haber predicción expresa de la indemnización por daños morales colectivos, están contemplados por la ley colombiana; y se constató la progresiva recepción de la reparación integral del daño moral colectivo en las decisiones recientes del Tribunal Superior de Justicia brasileño, independientemente de la posibilidad de tasación individual de la ofensa, o de la existencia de prueba de que hubo dolor, sentimiento o lesión psíquica para los individuos.

En este trabajo se examinan casos de discriminación para determinar si la Corte Suprema chilena realiza un control de convencionalidad en la materia. La hipótesis que se propone es que la prohibición de la discriminación ha sido un terreno fértil, aunque excepcional, en el que la Corte Suprema ha realizado un control de convencionalidad. Se examina cómo y en qué medida el máximo tribunal del poder judicial lleva a cabo este tipo de control. La Corte Suprema utiliza las convenciones internacionales, el soft law y las opiniones de los órganos de tratados para mejorar la protección contra la discriminación.

La necesidad de elaborar una teoría de la decisión surge para el post-positivismo como condición de su existencia. La indeterminación normativa, que para el positivismo jurídico era sinónimo de libertad en el acto decisorio, significa para el nuevo paradigma la apremiante busca por la legitimidad de las decisiones judiciales, habida cuenta de que no hay vinculación necesaria entre imprecisión lingüística y inexistencia de respuesta correcta. Esta no puede ser entendida como una mera consecuencia lógica de aquella, sino como una opción que la teoría (positivista) del Derecho toma para la solución del “problema”. A partir de la teoría de la decisión dworkiniana, se construye una respuesta correcta no discrecional exigida por la noción de responsabilidad política del juzgador. Se entiende que la propuesta interpretativa de Ronald Dworkin puede ser erigida a un concepto general de Derecho como interpretación. A la coherencia con el pasado —el sistema legislativo y las decisiones judiciales— se suma la posibilidad de futura prórroga a casos similares, por lo que el principio que se extrae de la decisión debe también demostrarse como universalizable.

En este trabajo se analiza dogmáticamente el artículo 1945 del Código Civil chileno (2003 del Código Civil de Colombia) con el objeto de establecer la función que cumple la culpa en dicho precepto, el alcance de la indemnización de perjuicios y las causales de exoneración en el contrato de arrendamiento, para finalizar con un análisis sobre la opción de remedios a la luz de dicho precepto. A partir de esta indagación, el autor concluye que la culpa debe entenderse referida al incumplimiento contractual de las obligaciones del arrendatario. Del mismo modo, descarta que la culpa, entendida como el reproche a la conducta del deudor, constituya un elemento de la responsabilidad contractual.

En Colombia, durante el conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental (en adelante, cani), fueron ejecutados a través de prácticas sicariales (ajusticiamientos en términos insurgentes) miembros del Ejército Nacional por parte de grupos ilegales, aprovechando circunstancias especiales como la indefensión, la sorpresa, los permisos, descansos o traslados de una parte a otra del país. El comportamiento criminal descrito, que ha sido definido como “plan pistola”, se podría constituir —de acuerdo con el escaso precedente internacional y los desarrollos internos— en crímenes de lesa humanidad (Cassese & Delmas, 2004) en la modalidad de homicidio agravado contra la población civil, distanciándose de las descripciones propias del derecho internacional humanitario, lo cual constituye toda una novedad, y con lo que de paso se evitaría la impunidad de un crimen tan grave. Las víctimas indirectas del “plan pistola” en un escenario de justicia transicional tienen el derecho a conocer la verdad plena sobre cómo fueron ejecutados sus seres queridos, así como a escuchar de los victimarios cuáles fueron las políticas y órdenes criminales generadas en sus grupos para que sucedieran estos graves hechos sistemáticos o generalizados.

La presente investigación tiene por finalidad analizar el incumplimiento en el soft law a la luz de los nuevos postulados objetivos en torno a la culpa (o lo que se denomina como criterios de imputabilidad objetivos). Las conclusiones ponen en tela de juicio que realmente exista una gran diferencia en cuanto al incumplimiento y la culpa en el sistema de derecho de remedios del soft law, y lo que se ha denominado como derecho tradicional de los contratos. Se revisarán ciertos textos de soft law que han contribuido a cambiar el paradigma en la Europa continental y en América Latina, pasando de un sistema basado en la culpa subjetiva a una noción de culpa objetiva que influye en el cumplimiento específico y en la indemnización de perjuicios. El método de trabajo propuesto es el propio de las ciencias jurídicas: el análisis exhaustivo de doctrina y jurisprudencia, principalmente españolas.

El artículo recoge el estudio de las sentencias de excepciones preliminares y de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) entre los años 2010 a 2016, en las cuales examinó y desestimó la excepción preliminar “falta de agotamiento de recursos internos” (fari) interpuesta por los Estados partes, para luego declarar la responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos a las garantías judiciales y protección judicial, con el fin de identificar la interacción entre estas dos decisiones. El cumplimiento de dicho objetivo se consiguió a partir de una investigación cualitativa, básica y jurídica, que utiliza el método analítico deductivo e inductivo, y centra su análisis –como fuente principal– en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, mediante la creación de una línea jurisprudencial. Se pudo encontrar que la dicha corte no aplica un criterio unificado para realizar la unión de la excepción con el fondo del asunto, aunque a partir de la interpretación de sus decisiones se identifica una interacción de los pronunciamientos que hace tanto en la excepción preliminar como en el fondo.

El proceso de Destitución del Poder Familiar involucra niños o adolescentes en situaciones de riesgo, de abandono y de violencia intrafamiliar, una vez que no se cumple con lo previsto en el Estatuto del Niño y del Adolescente brasileño. En ese contexto, el Estado interviene en la familia e instaura el proceso contra los padres, es decir, ellos están en riesgo de perder el poder familiar sobre sus hijos. A partir de eso, este estudio buscó comprender cuales aspectos de la transmisión psíquica transgeneracional están presentes en el desempeño del rol parental de padres y madres que han estado en la eminencia de perder la custodia de sus hijos. Este estudio tiene como metodología la investigación documental y usa como objeto procesos judiciales de Destitución del Poder Familiar, referente a los años de 2010 a 2015 de la Jurisdicción de la Infancia de la Comarca de Joinville, lo que ha totalizado nueve procesos. Con el análisis de los laudos psicológicos y de los estudios sociales producidos para los procesos judiciales de destitución del poder familiar, se ha constatado indicios de la transmisión psíquica transgeneracional, específicamente con respeto a las formas de violencia intrafamiliar y al proceso de negligencia afectiva presentes en la historia anterior de esos padres y madres.

Este artículo pretende justificar la teoría del pluralismo jurídico para el estudio de la problemática de la salud ambiental. Aunque el derecho positivo ha presentado ciertos avances, existen algunas áreas de la salud ambiental que parecen encontrarse en estado incipiente. Las normas estatales han manifestado dificultades para lograr su cumplimiento en materia de contaminación industrial o del agua, a lo cual se suma el hecho de que las jurisdicciones nacionales tienden a privilegiar intereses económicos particulares. Este problema del positivismo fomenta su confrontación con la teoría del pluralismo legal, y se encuentra que dicha aproximación teórica permite la deliberación y la participación activa de actores no estatales en la esfera de la salud ambiental. Este documento también pone en discusión que un enfoque pluralista del derecho podría otorgar cierta flexibilidad debido a la poca jerarquización, la falta de reglas teóricas y la relajación
del principio de la soberanía estatal.

Este artículo se ocupa de reflexionar sobre el papel del precedente judicial del Consejo de Estado con respecto al sistema de fuentes del derecho administrativo colombiano. Por tanto, su propósito principal es aportar elementos de análisis que contribuyan al esclarecimiento de su rol como fuente principal. Para ello, se parte de contextualizar, definir y diferenciar nociones como las de jurisprudencia y precedente. Luego, se revisa la evolución de estos conceptos en la Corte Constitucional y en la Corte Suprema de Justicia, para evaluar su uso en las decisiones del Consejo de Estado. Con relación a este último, se enfatiza en las sentencias de unificación jurisprudencial, las cuales poseen una fuerza vinculante de rango legal. No obstante, por razones sistemáticas se sostiene que en esta “jurisdicción”, no solo ellas configuran precedente judicial.

El principio de la subsidiariedad es recibido en el derecho en sus modalidades sociopolítica y de organización estatal con destaque en Alemania y siendo compatible en Brasil debido a su relevancia frente a la autonomía en el ámbito local y lógica corporativa. Mediante el método de enfoque deductivo y procedimental bibliográfico, la estructura del texto parte del análisis de la subsidiariedad como principio de organización estatal en Alemania para, posteriormente, verificar la relación del principio con el Estado Federal Brasileño y, por fin, analizar la aplicabilidad en el ámbito local brasileño frente a la autonomía municipal, además de destacar los beneficios de la inserción de ese principio en los contextos de la Federación Brasileña. Al final, sugiere la aplicación de dicho principio en la cooperación entre los actores locales, puesto que la subsidiariedad defiende el escalonamiento vertical, en el cual las competencias permanezcan, siempre que posible, en el nivel más bajo. Y también que los Estados y la Unión apenas deberán ceder determinadas competencias que individualmente no sean capaces de asumir. El principio es reconocido como crucial para los gobiernos locales para que puedan participar nacionalmente de la búsqueda por ciudadanía y por soluciones de interés local.