Volumen 21, Número 44 (2022): enero-junio

El presente texto pretende proponer una nueva teoría dentro de la doctrina moderna jurídico-penal en torno a las formas de realización del tipo. Se busca demostrar —mediante el análisis estructural de la iusfilosofía y los preceptos de la imputación objetiva— que hay una tercera forma de realizar el tipo penal, aparte de la acción y la omisión. Haciendo hincapié en la metodología, la investigación se esbozó teóricamente a través del empleo del paradigma hermenéutico y tomó como punto de inicio el estudio iusfilosófico e historiológico del tema. Se busca sentar las bases para que emerja esta nueva teoría, pues lo importante es hacer desarrollo doctrinal del tema en cuestión, que es la interrupción de los cursos causales salvadores. En este sentido, la metodología anteriormente señalada arrojó un resultado de nuevo conocimiento en la materia.

El presente artículo se encarga de estudiar el cambio paradigmático que propone la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SC-13925 (2016), ya que desecha el nexo causal como criterio de imputación del daño y propone una sustitución por la imputación normativa. Así, la Corte recoge el criterio antes mencionado y lo utiliza en la Sentencia S-C002 (2018) como elemento de imputación. De esta manera, se constituye la base de la reestructuración de la responsabilidad civil. Las ideas centrales de este texto giran en torno a tres aspectos. El primero estudia la estructura clásica de la responsabilidad civil. El segundo reconoce la postura de la Corte Suprema de Justicia respecto del nuevo elemento introducido en las sentencias objeto de estudio. Por último, se realiza una explicación a la reestructuración de la responsabilidad civil. Para la consecución de los objetivos se encontró, mediante el análisis documental y jurisprudencial, que existe contraposición doctrinal respecto de la causalidad como criterio de imputación. Además, se pudo concluir que, debido a las falencias de la causalidad, es imperativo reestructurar la responsabilidad civil.

Este artículo aborda la configuración de la sociedad de riesgo globalizada y sus efectos en el orden jurídico criminal de Brasil. El aumento de pautas de seguridad, incluso con la mitigación de los derechos humanos fundamentales, se problematiza a fin de reflejar el sistema penitenciario y el surgimiento del monitoreo electrónico como condición de posibilidad para reducir el encarcelamiento masiva en el país. El problema que guía la investigación se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿en qué medida el monitoreo electrónico contribuye efectivamente a reducir el número de personas encarceladas en Brasil? El método de investigación utilizado es hipotético-deductivo, con técnica de investigación bibliográfica y análisis documental. Como resultado, la investigación encuentra que el uso del monitoreo electrónico, como lo demuestran las estadísticas del diagnóstico de la política de monitoreo electrónico en Brasil, representa una medida importante para minimizar los efectos del encarcelamiento masivo en el sistema penitenciario nacional.

Este artículo tiene por objeto analizar la colisión que existe entre el derecho a la protesta por parte de las personas privadas de la libertad y la limitación en su ejercicio a través de las acciones emprendidas desde las autoridades penitenciarias, que están en la posición de garante por parte del Estado hacia las personas privadas de la libertad, de forma que se propone caracterizar, desde el modelo constitucional de derechos fundamentales, las dos dimensiones, una subjetiva y otra objetiva a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español desde la perspectiva de su protección en la titularidad, esto es, derechos con titular, sin titular y a pesar del titular; los derechos a pesar del titular son la categoría propuesta para ahondar, en tanto esta se articula con la dimensión objetiva y subjetiva de derechos que se aplican en el caso concreto de las personas privadas de la libertad que se someten a huelgas de hambre, pero son obligadas por el Estado a alimentarse a fin de evitar la inanición. Se concluye que la limitación en la titularidad de los derechos fundamentales hacia las personas privadas de la libertad incide directamente en el condicionamiento de su goce efectivo; cabe destacar que esta tesis jurisprudencial ha sido asumida por parte de tribunales constitucionales; asimismo es el caso colombiano en la posición de garante como mecanismo que faculta al Estado para interrumpir la huelga de hambre de los privados de la libertad cuando su vida se encuentre en inminente riesgo.

Este artículo pretende dar cuenta del estatus de derecho fundamental que posee la salud mental, sus principales posiciones jurídicas y las garantías jurisdiccionales reforzadas con que cuenta. Para ello, se toma como referencia las constituciones de muchos de los países de América Latina. Se realizó una investigación bibliográfica que consistió en la recopilación de información, creación de fichas, sistematización de la información y elaboración de conclusiones. Luego de efectuarla, ha sido posible afirmar que la salud mental sí es un derecho fundamental. A él se le pueden adscribir posiciones jurídicas de defensa y prestacionales, y cuenta con garantías como el amparo y el habeas corpus correctivo. Básicamente se ha concluido que su carácter fundamental se sustenta en su reconocimiento en los textos constitucionales y en su ligamen con la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. Además, admite modos de ejercicio que imponen obligaciones que, de no cumplirse, pueden exigirse en sede constitucional.

El presente trabajo tiene por finalidad aportar una mirada contingente, crítica y práctica frente al procedimiento proteccional de niños, niñas y adolescentes vigente en Chile. Este propósito se llevará a cabo con un especial enfoque en la situación de emergencia sanitaria global, producto del COVID-19, que ha conllevado la adopción de una serie de medidas estatales para el pretendido resguardo de la vida y la salud de las personas, entre las cuales se encuentran las restricciones a la libertad de circulación y la suspensión de todo tipo de actividad presencial. De este modo, los tribunales de familia y las instituciones que forman parte de la oferta programática existente para el abordaje de las distintas áreas de atención a niños, niñas y adolescentes, han debido modificar su funcionamiento y ajustar su actuar conforme a la evolución de la pandemia. Para la elaboración de este artículo se realizó una investigación de carácter cualitativo con un enfoque hermenéutico de tipo documental. Como resultado de nuestra investigación constatamos que, si bien el sistema público de protección a la infancia y la adolescencia ha tratado de adaptar sus procedimientos, metodologías de intervención, procederes, seguimientos y supervisiones a las nuevas condiciones impuestas por la situación de alarma sanitaria, no se vislumbra una actuación uniforme, homogénea y claramente coordinada. Lo anterior nos lleva a concluir que más allá de las normas, actas, instrucciones y protocolos de intervención que se han ido suscitando para dar respuesta a la mentada coyuntura pandémica, los niños y los adolescentes —especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad— no han sido visibilizados, atendidos y tomados en consideración de la manera más adecuada posible.

Este artículo tiene como objetivo develar el escenario del tratamiento legal del aborto en Brasil a la luz del derecho de las mujeres a la autodeterminación. El principal objetivo de la investigación es revelar el escenario del tratamiento legal que se le da al aborto en Brasil a la luz del derecho de las mujeres a la autodeterminación. El trabajo será abordado desde las metodologías hipotético-deductivas y dialécticas, a través de las técnicas comparativas, históricas, estadísticas y monográficas, a través de los métodos bibliográficos, documentales, teniendo como fuente de análisis primario un estudio de caso sobre las decisiones más recientes tomadas por el Suprema Corte Federal en materia de interrupción del embarazo. Como resultado, el presente trabajo identificó un cierto avance en el debate sobre los derechos de las mujeres en los escenarios social y legal, aunque estos no fueron suficientes para sustentar el derecho a interrumpir el embarazo de la mujer en el primer trimestre del embarazo de manera definitiva. El trabajo concluye que el panorama sociojurídico brasileño aún está impregnado de visiones conservadoras, que deben ser debidamente combatidas para que exista una conquista femenina efectiva que amplíe las posibilidades de aborto legal.

El objetivo de este escrito es presentar los resultados finales de una investigación que analizó los usos y efectos del contrato sindical en Colombia entre los años 2010 y 2019. Para obtener estos resultados se combinó la investigación documental con el análisis del uso del contrato sindical en la Sociedad De Comercialización Internacional Girdle y Lingerie S. A. S. (Leonisa) y se contrastó con el análisis del uso de esta figura en el sector salud y el análisis de las bases de datos facilitadas por el Ministerio del Trabajo y la Escuela Nacional Sindical. Para realizar estos contrastes se usó el método cuantitativo. Como trabajo empírico se realizaron dos grupos focales con trabajadores de Leonisa1 y ocho entrevistas semiestructuradas a dirigentes sindicales y trabajadores del sector salud. Los resultados de la investigación revelan que el sector más afectado con el contrato sindical es el sector público de la salud, debido a su uso masivo en los últimos nueve años, y que este tipo de contrato hace presencia, aunque en menor medida, en otros sectores económicos como el textil. Como conclusión preliminar, se afirma que los únicos que obtiene un beneficio del uso creciente del contrato sindical en Colombia son los empleadores y los dirigentes sindicales. Por un lado, los primeros lo utilizan como estrategia empresarial para enganchar mano de obra barata y precarizada con el propósito de ahorrar costos laborales. Y, por otro lado, los segundos son funcionales a la estrategia que usan los empleadores a cambio de beneficios particulares.

El presente artículo se propone determinar los efectos jurídicos que producen los actos de una organización sindical constituida u operando sin el cumplimiento de las estipulaciones legales. La metodología de esta investigación es hermenéutico-documental, dado que se desarrolló a través de rastreos bibliográficos, recopilación de literatura sobre el derecho fundamental de asociación sindical y análisis e interpretación de legislación y jurisprudencia regulatoria de la materia, de acuerdo a las necesidades específicas del análisis que aquí se aborda. Como conclusión principal, los actos ejecutados por una asociación sindical que contraríen o extralimiten los términos legales establecidos no producen efecto jurídico alguno, en atención a que la legislación laboral está definida como normatividad de orden público y no produce efecto alguno aquella disposición o actuación que las desconozca, sin que para ello se requiera declaración judicial.

El presente trabajo tiene por objeto exponer la necesidad de reformular la figura del caso fortuito en el ámbito laboral, teniendo en consideración el nuevo carácter global que ostenta la morfología de los fenómenos actuales. Esta nueva morfología está presente en fenómenos como la pandemia por la COVID-19, lo que ha implicado que la invocación del caso fortuito genere una serie de problemáticas o falencias en un contexto laboral que conlleva la exigencia de que esta figura dialogue coherentemente con la narrativa de esta rama especial del derecho. Considerando esta problemática, los autores pretenden dar cuenta de la necesidad de replantear la figura del caso fortuito a la luz de la narrativa y de los principios que inspiran al derecho del trabajo, generando así un instituto jurídico que reconozca la nueva naturaleza global de los fenómenos. La intención de los autores es generar un debate que permita evitar una aplicación irrestricta y general de la figura, limitando sus supuestos de procedencia y constriñendo los efectos del mismo.

El presente artículo presenta como objetivo principal fundamentar que la explicación forense o criminalística del testimonio será la que corrobore el testimonio, perfeccione el cuadro fáctico en el marco del proceso penal y permita afirmar o descartar la infracción de un deber jurídico-penal que a su vez actualiza un determinado tipo penal, así como la afectación de un bien jurídico legalmente protegido. La metodología utilizada en esa inteligencia fue seleccionar un determinado marco normativo, como es la legislación peruana, y estudiar un conjunto de resoluciones judiciales emitidas por la Corte Suprema de Justicia del Perú. Esto se hizo para identificar lo que normativamente se exige para afirmar que se tiene una declaración corroborada y los problemas que los operadores encuentran para lograr tal cometido. En ese contexto, de los resultados obtenidos se formuló como conclusión principal que el testimonio ocupa ser corroborado por las evidencias técnicas y científicas obtenidas por los criminalistas y forenses, incluyendo los psicólogos, en razón al experto procesamiento de los indicios obtenidos. De esta manera, hemos denominado a dicho modelo criminalística del testimonio, el cual se contrapone con la psicología del testimonio, conforme lo explicado en el presente estudio.

Este artículo plantea de manera sistemática y coherente los principales aspectos que se deben tener en cuenta cuando se hace referencia a una precisa categoría de resarcimiento de daños, como lo es la reparación por equivalente, vale decir, la indemnización de perjuicios compensatorios y moratorios; categoría que es omnicomprensiva de todos los posibles perjuicios patrimoniales que se pueden reclamar dentro de los procesos por incumplimientos contractuales. En esa línea de pensamiento, se establece la relación lógica existente entre estas categorías indemnizatorias con los tipos de incumplimientos que se pueden dar en materia contractual, y su conexión con instituciones propias del derecho de daños como el daño emergente y el lucro cesante.

Este artículo tiene como objetivo principal hacer un análisis de la actuación de las serventías extrajudiciales, especialmente del Oficio de Registro Civil de Personas Naturales, en la concretización del derecho a la dignidad, a partir de una comparación de los posicionamientos del Supremo Tribunal Federal de Brasil en la Acción Directa de Inconstitucionalidad nro. 4275/DF y del Consejo Nacional de Justicia, en la Cautela nro. 73. Se llevó a cabo actividad de investigación bibliográfica, según metodología cualitativa, además se construyó marco teórico para verificar la posibilidad de modificación del primer nombre y género cuando solicitado por la persona transexual ante los registradores. Teniendo en cuenta el Estado del Arte en el tema, se ha pretendido demonstrar las dificultades enfrentadas por el Registrador Civil brasilero, que debe orientarse por dos reglamentos divergentes, inviabilizando el ejercicio de los derechos de los transexuales. Los resultados conseguidos identifican la no necesidad de algunos de los requisitos infraconstitucionales para el ejercicio de dicho derecho, indicando la posibilidad de modificación.

El presente estudio tiene como objetivo reflexionar sobre la solidaridad social mientras referencial teórico-estructural para erradicación del trabajo esclavo contemporáneo. Para ello, se utilizó el método de enfoque deductivo y el método de procedimiento monográfico. El surgimiento de la solidaridad es una superación del individualismo que predominó por mucho tiempo en el Derecho Privado. La simple lógica de lucro a cualquier costo tiene que ser banida, ante el valor social del trabajo y de los demás valores constitucionales de la sociedad, hacia el respeto de los derechos humanos en la incidencia de la solidaridad social. Por otro lado, actualmente, se da nuevas formas de esclavitud, no necesariamente vinculada hacia la restricción física de la libertad. En este contexto, se evidencia la importancia de la solidaridad social como elemento fundante de la sociedad, a fin de proteger los derechos humanos y los derechos al trabajo.

En el artículo se analizan cuatro acuerdos entre Brasil y los Países del Arco Norte, respectivamente Perú, Colombia, Guyana y Guayana Francesa. Considerando las dificultades relacionadas con la salud, teniendo en cuenta la descentralización y el principio de subsidiariedad como forma de creación de políticas públicas, el principal objetivo es responder: ¿cuáles son las acciones en políticas públicas cooperativas previstas en los acuerdos para atender a la población de Brasil y los países que integran Arco Norte en materia de salud pública? El estudio se lleva a cabo utilizando el método de enfoque deductivo y procedimiento bibliográfico. Por lo tanto, el artículo se divide en los siguientes momentos: en primer lugar, la descentralización se aborda como una manera de satisfacer mejor las necesidades populares, junto con el principio de subsidiariedad; en un segundo momento, un estudio de cómo ha evolucionado la visión de la franja de borde a lo largo de los años; el artículo termina presentando los acuerdos relacionados con la salud celebrados entre Brasil y los países de Arco Norte con un análisis comparativo de la eficacia de los acuerdos en la lucha contra las adversidades de los municipios fronterizos. Se concluye que los acuerdos tienen en común el objetivo de coordinar las políticas públicas de cooperación entre los municipios para resolver las demandas sanitarias, pero uno es más completo y no tiene los vicios de los demás.

El populismo penal se ha transformado, desde la década de 1980, en el paradigma dominante en materia de seguridad pública y control del delito en Occidente. Generalmente, es identificado con discursos reaccionarios y de “mano dura” contra el crimen. Este trabajo, sin embargo, justificará que el populismo penal no solo es compatible con el populismo penal de derecha, sino también con el populismo penal de izquierda o progresista. Se recordará el análisis teórico sobre el populismo de Laclau y, luego, las notas distintivas del populismo penal y el contexto político y social de su emergencia y consolidación. Asimismo, se sostendrá que ciertas características del populismo penal facilitan la vigencia de una práctica acerca de la aplicación del derecho penal: el “interpretativismo” y —su cara más visible— la “doctrina Chavela Vargas de la interpretación”. En esa línea, se recordarán tres sentencias judiciales de altos tribunales argentinos que permiten dar cuenta del fenómeno del populismo penal en sede judicial, vale decir, del uso por parte de los jueces de la “doctrina Chavela Vargas” y los deletéreos efectos que ello trae aparejado para la autoridad del derecho.

Este artículo tiene por objeto efectuar un estudio comparativo entre la jurisprudencia y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fuentes de derecho material, así como efectuar una revisión de los sistemas propuestos por la Corte Interamericana para la aplicación e incorporación de las sentencias de la Corte como fuente de derecho material, obligatoria, vinculante y con efecto erga omnes en los estados parte sometidos a su competencia. De esta forma, planteamos una serie de cuestionamientos que nos surgen como consecuencia de una eventual implementación del control de convencionalidad en el actual escenario jurídico nacional, donde vislumbramos la pertinencia de una pronta implantación de un sistema procedimental justificable por razones de juridicidad y legitimidad que permitan la viabilidad del aludido control de convencionalidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Este articulo tiene por objetivo principal reflexionar sobre la decisión judicial, específicamente acerca del fenómeno de la legitimidad en el acto de juzgar, y cómo, a partir de esta, nos podemos situar en una hermenéutica del texto judicial. La metodología empleada se basó en un método teórico analítico, el cual consiste en una descomposición de un todo e individualizar cada parte u elemento del fenómeno de estudio. La principal conclusión a la cual lleva el texto es que la legitimidad del juicio no se encuentra meramente en un acto de poder, sino que se va erigiendo a partir de la aceptación del instrumento que condensa la decisión por parte de los sujetos que se vieron inmersos en la Litis. Por ello, el juez busca persuadir a los sujetos procesales inmersos en el conflicto y así legitimar su juicio o sentencia. Ahora bien, el acto de juzgar es visto también como aquel fenómeno que sirve como instrumento de comprensión del sí y del otro, y de este modo nos pueda sumergir a un nivel más profundo el cual radica en una hermenéutica del texto judicial.

El artículo problematiza la cuestión de la construcción discursiva hegemónica de los derechos humanos, centrada en la dignidad humana, y las contradicciones histórico-sociales que se evidencian al analizar quién es el destinatario de esta construcción, esencialmente en el contexto latinoamericano. Su objetivo principal es comprender quién es el destinatario de los derechos humanos en América Latina, a través del aporte del pensamiento decolonial y de sus autores más expresivos. Se busca una formulación crítica de este concepto hegemónico y europeo resignificando la dignidad humana en relación con los procesos de defensa de los derechos humanos y las luchas sociales que les dan sentido. El análisis se hace a partir de categorías de análisis como clase, raza y género, que se convierten, desde el pensamiento decolonial, en clave epistémica y elemento de concreción de los derechos humanos en su más amplio sentido de la realidad de los pueblos latinoamericanos. Mediante el uso del método histórico-deductivo y la investigación bibliográfica, el estudio concluye que la construcción universal de los derechos humanos pretende ser universal, pero deja de ser plural, con lo que se aleja de las periferias del mundo. En este sentido, el pensamiento decolonial, en tanto destaca las luchas sociales por emancipación, es un elemento esencial de aproximación y concreción de la dignidad humana en el contexto latinoamericano.